La estrategia del Pacto Histórico para solicitar la revisión de decenas de miles de mesas de votación tras la segunda vuelta presidencial abrió un nuevo frente de controversia política y jurídica. Mientras la campaña de Iván Cepeda insiste en que existen irregularidades que deben ser revisadas, expertos en derecho electoral sostienen que el plazo para presentar esas reclamaciones ya habría vencido.
La discusión tomó fuerza luego de que el candidato del Pacto Histórico anunciara que buscará impugnar resultados en más de 57.000 mesas de votación en todo el país, una cifra superior a las 33.000 inicialmente mencionadas tras conocerse el preconteo que dio como ganador a Abelardo De la Espriella.
Uno de los aspectos que más llama la atención es que la mayor concentración de reclamaciones se encuentra en Antioquia, Santander y Norte de Santander, tres departamentos donde el presidente electo obtuvo algunos de sus mejores resultados electorales.
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Según explicó a El Tiempo el abogado penalista Miguel Ángel del Río, apoderado de la campaña de Cepeda, buena parte de las denuncias recopiladas por los equipos jurídicos están relacionadas con mesas ubicadas en esas regiones, donde De la Espriella superó los 3,6 millones de votos sumados entre los tres departamentos.
La campaña del Pacto Histórico asegura haber identificado presuntas inconsistencias en formularios electorales, errores aritméticos en las actas de escrutinio y posibles alteraciones en documentos E-14 y E-24 que, según su interpretación, ameritan una revisión detallada durante las siguientes fases del escrutinio.
Del Río afirmó que entre las irregularidades detectadas aparecen tachones, modificaciones en cifras registradas por los jurados, diferencias en los conteos y casos en los que la votación reportada superaría el número de ciudadanos habilitados para sufragar en determinadas mesas.
Las denuncias también incluyen formularios que, según los reclamantes, carecerían de algunas firmas de los jurados de votación, una situación que podría generar cuestionamientos sobre la validez de ciertos registros electorales. Jorge Rojas, otro de los abogados que acompaña la estrategia jurídica del Pacto Histórico, aseguró que durante las verificaciones adelantadas por los testigos electorales se habrían identificado votos que inicialmente no fueron contabilizados a favor de Cepeda.
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Sin embargo, expertos en legislación electoral consideran que las reclamaciones enfrentan un obstáculo procesal importante: el vencimiento de los plazos establecidos por la ley para formular este tipo de solicitudes.
El exregistrador nacional Juan Carlos Galindo señaló que las reclamaciones deben presentarse durante los escrutinios de mesa o ante las respectivas comisiones municipales y locales, etapas que prácticamente ya concluyeron en todo el país.
Según explicó a la Unidad Investigativa de El Tiempo, el sistema electoral colombiano opera bajo el principio de preclusión, lo que significa que una actuación que no se realiza dentro de los tiempos establecidos pierde posteriormente su validez procesal.
Galindo indicó que los escrutinios municipales avanzan hacia su cierre definitivo y que, hasta donde se conoce, solo se habían radicado unas pocas centenas de reclamaciones dentro de los plazos legales, una cifra muy distante de las más de 57.000 mesas que ahora pretende revisar la campaña de Cepeda.
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Otros expertos coinciden en que una revisión posterior únicamente podría proceder en casos específicos donde existieran apelaciones oportunamente presentadas y rechazadas por las autoridades electorales de primera instancia. Pese a esas advertencias, el equipo jurídico del Pacto Histórico sostiene que aún existen mecanismos legales para llevar las reclamaciones a los niveles departamental y nacional del escrutinio.
La controversia cobra especial relevancia porque las principales observaciones se concentran precisamente en Antioquia, Santander y Norte de Santander, departamentos que se convirtieron en bastiones decisivos para la victoria de De la Espriella.
En Antioquia, el presidente electo obtuvo más de 2,1 millones de votos, mientras que en Santander superó los 822.000 sufragios y en Norte de Santander alcanzó más de 602.000 apoyos, resultados que fueron determinantes para ampliar su ventaja frente al candidato del Pacto Histórico.
Por ahora, la última palabra la tendrán las autoridades electorales, que deberán definir si las reclamaciones pueden ser estudiadas en esta etapa del proceso o si, como sostienen varios especialistas, la oportunidad legal para impugnarlas ya estaría cerrada.
