El futuro de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro quedó en manos de las altas cortes, luego de que el registrador nacional, Hernán Penagos, solicitara un pronunciamiento jurídico sobre la viabilidad del mecanismo. En el centro del debate está un choque institucional entre el Ejecutivo y el Congreso que, según Penagos, podría poner en juego la estabilidad democrática del país.

El registrador solicitó concepto a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General. En su declaración, advirtió que Colombia enfrenta una controversia jurídica de alto calibre que involucra a dos poderes del Estado y que exige claridad constitucional.

«Estamos frente a un conflicto jurídico de gran magnitud. La pregunta es si se cumplieron los requisitos constitucionales para convocar la consulta popular”, afirmó Penagos, al referirse al decreto firmado por el presidente Petro el pasado 11 de junio.

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El trámite de esta consulta está rodeado de incertidumbre legal: ya se han interpuesto cerca de diez demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, así como 97 tutelas en distintas instancias judiciales. La Corte Constitucional, por su parte, estudia once demandas de inconstitucionalidad que podrían frenar el proceso.

La Registraduría, como entidad autónoma y neutral según lo establece el artículo 266 de la Constitución, analizó los escenarios jurídicos y reiteró que no tiene superior jerárquico dentro de la estructura del Estado. Su función, remarcó Penagos, es preservar la integridad del proceso electoral sin asumir posturas políticas.

Uno de los puntos críticos del caso es el cumplimiento del artículo 104 de la Carta Política, que exige una solicitud presidencial, el aval del Senado y la expedición del decreto. Sin embargo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, notificó oficialmente que la plenaria negó la solicitud del Gobierno para convocar la consulta, lo que quedó registrado en un documento firmado por el secretario del Senado, Diego González.

Pese a esto, el Ministerio del Interior notificó a la Registraduría que la consulta fue convocada para el próximo 7 de agosto. Esta contradicción institucional es una de las razones por las cuales Penagos acudió a los organismos de control y a la justicia para obtener claridad legal.

La consulta, con 12 preguntas, fue la respuesta del Ejecutivo al hundimiento de su reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Aunque el Congreso rechazó la iniciativa con 49 votos en contra y 47 a favor, el presidente Petro no desistió. No solo firmó el decreto, sino que instruyó a sus ministros a presentar un nuevo proyecto ante el Legislativo, que aún está pendiente de discusión.

Desde el Gobierno han afirmado que estarían dispuestos a retirar el decreto de consulta si el Senado aprueba la reforma laboral sin modificaciones. Sin embargo, la mayoría de senadores se han negado a ser «notarios» del texto aprobado en la Cámara de Representantes, y en el debate más reciente ya eliminaron uno de los artículos clave para el presidente: el contrato sindical.

El pronunciamiento del registrador, que solo se refiere al primer decreto de consulta, refleja la creciente tensión entre los poderes públicos y la urgencia de una definición judicial. Mientras tanto, la ciudadanía sigue a la expectativa sobre si será convocada o no a las urnas en medio de esta tormenta institucional.