La ya compleja discusión sobre el futuro del páramo de Santurbán sumó un nuevo capítulo de controversia luego de que organizaciones de Soto Norte y Bucaramanga denunciaran una reunión sostenida en un hotel de la capital santandereana entre la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, y representantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
Los cuestionamientos surgieron a menos de diez días de la mesa de concertación prevista para el 18 y 19 de julio, considerada una de las etapas decisivas dentro del proceso de delimitación del ecosistema de alta montaña.
Según las organizaciones denunciantes, el encuentro se habría realizado sin convocatoria pública y sin la participación de otros sectores involucrados en la discusión, como comunidades campesinas, juntas de acción comunal, pequeños mineros y autoridades territoriales de la provincia de Soto Norte.
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La presidenta de Asomineros Vetas, Ivonne González, afirmó que la reunión genera dudas sobre la transparencia del proceso y advirtió que solicitarán la suspensión de la próxima mesa de concertación para que la discusión sea retomada por el gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella.
La dirigente sostuvo además que más de 30 organizaciones sociales y ambientales, junto con las 136 juntas de acción comunal de municipios como Vetas, California, Suratá, Tona, Charta y Matanza, consideran que las decisiones sobre la delimitación no pueden tomarse sin la participación efectiva de las comunidades que habitan el territorio.
Las organizaciones también anunciaron acciones ante organismos de control y tribunales nacionales e internacionales, al tiempo que declararon una “desobediencia civil pacífica” frente a lo que consideran una imposición del proceso desde el nivel central.
La respuesta del Ministerio
Ante la creciente controversia, el Ministerio de Ambiente rechazó las versiones que señalaban una reunión reservada para definir acuerdos sobre la delimitación del páramo.
A través de un pronunciamiento oficial, Irene Vélez aseguró que el encuentro tuvo carácter institucional y estuvo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó realizar una delimitación participativa del complejo de páramos de Santurbán.
La ministra explicó que el Gobierno nacional está obligado a avanzar en la protección de las fuentes hídricas, garantizar la participación ciudadana y atender las disposiciones del Acuerdo de Escazú relacionadas con el acceso a la información y la protección de líderes ambientales.
Según el Ministerio, durante la reunión fueron escuchadas inquietudes planteadas por integrantes del Comité de Santurbán, especialmente relacionadas con las condiciones de seguridad para el desarrollo de la próxima mesa de concertación. La cartera indicó que dichas solicitudes serán evaluadas para asegurar la participación de todos los actores convocados.
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Un proceso que sigue sin consenso
La controversia ocurre pocos días después de una jornada de trabajo realizada en Neomundo, en Bucaramanga, que terminó sin acuerdos concretos entre los distintos sectores involucrados en la delimitación.
Tras ese encuentro, Vélez confirmó la realización de una nueva sesión de concertación para el 18 de julio, fecha que ahora enfrenta solicitudes de aplazamiento por parte de organizaciones sociales, líderes mineros y algunos sectores políticos de la región.
La delimitación de Santurbán continúa siendo uno de los temas más sensibles para Santander debido a la confrontación de intereses entre la protección ambiental del páramo, la actividad minera histórica de la provincia de Soto Norte y el abastecimiento de agua para millones de habitantes.
El debate también se desarrolla en medio de las alertas sobre el crecimiento de la minería ilegal en la zona. Un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) advirtió que esta actividad podría estar generando utilidades cercanas a los $26.000 millones mensuales en la región.
Mientras el Ministerio insiste en avanzar con la cuarta fase del proceso participativo, las comunidades que se sienten excluidas reclaman mayores garantías y transparencia, en una discusión que vuelve a poner a Santurbán en el centro de la agenda nacional.
