A menos de una semana de las elecciones legislativas y tres meses de las presidenciales de 2026, un informe académico encendió las alarmas sobre posibles amenazas a la transparencia del proceso. El estudio advierte que 170 municipios del país presentan riesgo coincidente de fraude y violencia electoral, de los cuales 81 están en nivel extremo.
El análisis fue elaborado por el programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura, con base en datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Misión de Observación Electoral. Según el documento, en esas zonas se concentra el 11 % del censo electoral, es decir, cerca de 4,5 millones de votantes.
El informe subraya que estos territorios requieren vigilancia prioritaria para prevenir delitos electorales, conductas que afectan la libertad del votante, la transparencia de la jornada o la veracidad de los resultados.
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¿Qué se considera un delito electoral?
Los delitos electorales pueden presentarse antes, durante o después de la jornada. Incluyen prácticas como compra y venta de votos, trashumancia (traslado irregular de votantes), amenazas, constreñimiento al sufragante, obstrucción de los comicios y financiación ilegal de campañas.
Estas acciones no solo distorsionan la voluntad popular, sino que pueden derivar en investigaciones penales y sanciones disciplinarias.
¿Cómo denunciar un acto contra la democracia?
El informe, elaborado por la docente Margarita Martínez, recomienda actuar con prudencia. En primer lugar, no confrontar directamente a los presuntos responsables, especialmente si hay actitudes agresivas o intimidaciones.
En segundo lugar, es clave recopilar información básica: lugar, hora, descripción de lo ocurrido, personas involucradas y tipo de presión ejercida u ofrecimiento realizado. Si el hecho está en curso, se debe avisar de inmediato a la Policía o a la autoridad presente en el puesto de votación.
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Las denuncias deben realizarse en los puntos de atención dispuestos el día de elecciones y formalizarse ante la Fiscalía General de la Nación, detallando los hechos y aportando pruebas si se tienen, como mensajes, audios o testimonios.
Cuando en el caso esté implicado un servidor público, también corresponde informar a la Procuraduría General de la Nación, especificando la entidad, el cargo y la forma de presión ejercida. Esto permite activar tanto la ruta penal como la disciplinaria por posible uso indebido del cargo.
Con más de cuatro millones de ciudadanos en zonas de riesgo, el llamado de los expertos es claro: la denuncia oportuna y responsable puede marcar la diferencia para proteger la legitimidad de las elecciones de 2026.
