La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó al río Magdalena como víctima y sujeto de derechos en el marco del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, paramilitares y terceros civiles durante el conflicto armado en Colombia.

Esta decisión marca un precedente en la justicia transicional colombiana al otorgar un reconocimiento simbólico y jurídico al daño ambiental y social que sufrió este afluente, convertido en canal de impunidad por grupos armados ilegales. La solicitud de acreditación fue presentada por organizaciones como Credhos, la USO, Cajar, la ACVC y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, junto al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de víctimas.

Según el expediente, el río Magdalena fue utilizado por actores armados como herramienta para ocultar crímenes, desaparecer personas, imponer terror en las comunidades ribereñas, y facilitar operaciones ilícitas como el tráfico de hidrocarburos y la explotación ilegal de minerales. Además, fue contaminado por derrames, vertimientos tóxicos y fumigaciones con glifosato, lo que afectó gravemente su ecosistema.

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Testimonios recopilados por la JEP revelan el horror vivido por las poblaciones cercanas al río: cuerpos sin vida bajaban por la corriente, pero recogerlos podía costarles la vida a quienes intentaran darles sepultura. Entre el 2000 y el 2004 esta práctica se intensificó, según registros del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que documentó al menos 320 cadáveres recuperados de sus aguas, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ya había reconocido anteriormente estas afectaciones en sentencias como la que condenó al exjefe paramilitar Ramón Isaza y a 59 miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. En ese fallo se identificaron al menos nueve formas en que el río fue instrumentalizado por los paramilitares: desde cementerio clandestino hasta centro de tortura, control territorial y base operativa.

El reconocimiento al río como víctima se da en el marco del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, una de las cinco regiones priorizadas por la JEP por la gravedad de los crímenes y el impacto sobre las comunidades. En este subcaso ya han sido acreditadas 343 víctimas, entre ellas siete sujetos colectivos.

Además de los testimonios y documentos aportados por las víctimas, la JEP ha practicado 25 versiones voluntarias, incluyendo la de exfuncionarios de Ecopetrol, miembros del Ejército y la Policía, así como exparamilitares. Las diligencias se han realizado con participación directa de más de 60 víctimas en Barrancabermeja y Bogotá, quienes han podido confrontar en tiempo real a los comparecientes.

La investigación también apunta a la posible complicidad de funcionarios estatales y contratistas de Ecopetrol en crímenes atroces como masacres y desapariciones ocurridas entre 1998 y 2001, durante la llamada ‘toma paramilitar de Barrancabermeja’.

La decisión de reconocer al río Magdalena como sujeto de derechos y víctima no solo busca justicia, sino también garantizar su protección futura, su restauración ambiental y la no repetición de hechos similares. Un paso simbólico y reparador en un país donde la naturaleza también fue arrastrada por la guerra.