El aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno con un alza del 23 %, superó su primera prueba en los estrados, pero el debate judicial apenas comienza. Un juzgado de Bogotá negó la medida provisional que buscaba suspender el decreto por la vía de tutela, dejando en firme, por ahora, la decisión del Ejecutivo, aunque el pulso de fondo se trasladó al Consejo de Estado.

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá rechazó la solicitud de suspensión inmediata al considerar que no se acreditó un perjuicio urgente, concreto e individual. Con este fallo, no se detiene la aplicación del incremento mientras se decide el fondo del asunto.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, celebró la decisión y la presentó como un respaldo a la política salarial del Gobierno. Afirmó que “fracasó el primer intento de tumbar el salario vital” y aseguró que la tutela no superó el estándar de urgencia exigido por la ley para frenar una medida de este alcance. Para el Ejecutivo, el fallo envía un mensaje a quienes cuestionan el aumento y refuerza la tesis de que el salario debe recuperar rezagos y permitir mejores condiciones de vida a los trabajadores.

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Sin embargo, el escenario jurídico está lejos de cerrarse. En paralelo a la tutela, cursan dos demandas de nulidad en el Consejo de Estado que atacan directamente la legalidad del decreto. La primera fue interpuesta por Juan Diego Muñoz Cossio, quien pide que se ordene al Gobierno expedir un nuevo decreto ajustado a la Ley 278 de 1996, argumentando que el Ejecutivo no podía fundamentar el incremento en el concepto de “salario vital”, ni en brechas de suficiencia o estudios de la OIT no previstos en esa norma.

El segundo frente lo abrió Fenalco, que demandó el incremento del 23 % —que fija el salario en $2 millones con auxilio de transporte— por considerar que carece de sustento técnico. El gremio sostiene que, aplicando las variables legales como inflación y productividad, el aumento debió rondar el 6,21 %, y no el nivel decretado. Además, cuestiona que se haya desconocido el papel del Dane como autoridad técnica en la definición del IPC.

Fenalco solicitó la suspensión provisional del decreto al advertir impactos irreversibles sobre el empleo, la informalidad, las mipymes y las finanzas públicas. Según el gremio, de mantenerse el incremento, podrían perderse más de 770.000 empleos, por lo que pidió al alto tribunal actuar con prioridad institucional.

Mientras el decreto sigue vigente, la atención ahora se centra en el Consejo de Estado, donde se definirá si el aumento del salario mínimo para 2026 se mantiene o si el Gobierno deberá expedir un nuevo decreto con criterios distintos. La decisión tendrá efectos directos sobre millones de trabajadores y sobre el rumbo económico del país.