El prolongado abandono y la desprotección de las obras inconclusas del sistema de transporte masivo en el área metropolitana de Bucaramanga, Metrolínea, acaban de derivar en drásticas consecuencias para las autoridades locales.
En un fallo de desacato, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga decidió sancionar de manera directa a los responsables institucionales de velar por la seguridad del portal PQP (Papi Quiero Piña), totalmente abandonado.
La medida afecta al mandatario de Floridablanca, José Fernando Sánchez Carvajal; al gerente y representante legal de Metrolínea S.A., Emiro José Castro Meza; y al subcomandante de la Estación de Policía municipal, Andrés Ernesto Puentes Parra.
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El despacho judicial impuso a cada uno de los implicados una multa pecuniaria equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras constatar la inobservancia reiterada de las medidas cautelares previamente decretadas mediante los autos del 16 de diciembre 2025 y 27 de enero de 2026 donde se ordenaba la intervención inmediata del lugar.
Dichas disposiciones judiciales exigían el despliegue inmediato de esquemas permanentes de vigilancia, mantenimiento y cerramiento en el emblemático portal conocido como ‘Papi Quiero Piña‘, una obra que permanece paralizada y sin operación.
A pesar de los constantes requerimientos del tribunal y del clamor de la comunidad, las instalaciones se transformaron en un foco crítico de saqueos, invasiones no autorizadas, incendios recurrentes y consumo de sustancias estupefacientes.
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En el trámite del proceso, la administración y la Fuerza Pública argumentaron haber realizado patrullajes e informes periódicos; sin embargo, el juzgado fue enfático al señalar que los reportes de papel no sustituyen las acciones reales y efectivas sobre el terreno.
El estrado judicial subrayó que las dificultades financieras o corporativas por las que atraviesa la entidad gestora del transporte no eximen a los mandatarios ni a la Fuerza Pública de su deber constitucional de proteger el patrimonio y la tranquilidad ciudadana.
Con este precedente, el juez busca frenar el progresivo deterioro de la infraestructura pública y exige la puesta en marcha de un plan operativo urgente que asegure el perímetro del abandonado portal metropolitano.
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Tras la decisión judicial que sancionó a varios funcionarios locales, Marco Antonio Velásquez, veedor ciudadano promotor del recurso, celebró la medida al calificar la falta de vigilancia como una muestra evidente de negligencia y un grave perjuicio económico para las finanzas públicas metropolitana.
El veedor subrayó que las inspecciones y audiencias demostraron el incumplimiento sistemático de las órdenes cautelares de cerramiento y seguridad privada, advirtiendo que los implicados afrontarán castigos aún más severos y el inminente dictamen de una sentencia anticipada si no aseguran de inmediato el predio abandonado.
Con miras a una solución definitiva, Velásquez instó a concretar la liquidación del ente gestor y planteó reconfigurar las instalaciones de ‘Papi Quiero Piña’ dividiendo su espacio para construir una nueva terminal de transportes que elimine el riesgo vial que hoy sufren los pasajeros intermunicipales.
