Durante su visita a Bucaramanga, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, entregó un balance detallado sobre el presente y futuro del gas natural en Santander. Según sus cifras, el departamento cuenta con 546.007 usuarios conectados a la red, alcanzando una cobertura efectiva del 81 %. De estos, 537.757 son hogares residenciales, 10.150 son establecimientos comerciales y 100 corresponden al sector industrial.
Pese a este avance, todavía hay más de 279 mil hogares que no tienen acceso al servicio, y existen 112.072 usuarios potenciales “anillados” que podrían ser conectados en 15 municipios del departamento.
Según Murgas, quien participó en el foro Ciudad Sostenible de Metropolitano, que en términos de demanda, Santander consume un total de 90,7 GBTUD al año, lo que representa el 10 % de la demanda nacional. La refinería absorbe el 75 % de esta cifra, seguida por el sector industrial (8,3 %), residencial (8,2 %), comercial (2,5 %) y vehículos a gas natural vehicular (2,4 %).
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En cuanto a las regalías liquidadas por producción de gas, el departamento ha recibido ingresos importantes en los últimos cinco años, aunque la presentación no especificó el monto exacto por año. En paralelo, se evidenció una caída del 64 % en la oferta de gas local frente al 2023.
Uno de los proyectos estratégicos en curso es la producción de hidrógeno verde en la Refinería de Barrancabermeja. Se trata del proyecto Aura, que tendrá una capacidad de electrólisis de 60 MW para generar 8,7 mil toneladas de hidrógeno al año. Este combustible cubrirá el 60 % de la demanda de la Refinería de Cartagena y el 40 % se destinará a la comercialización. Será un proyecto carbono y agua neutral.
Además, Bucaramanga avanza en la estructuración de un distrito térmico de enfriamiento, similar a los ya implementados en Medellín, Cartagena y Montería, lo que posicionaría a la ciudad como un referente en eficiencia energética institucional.

Panorama nacional: reservas en descenso y pobreza energética en aumento
A nivel nacional, la industria del gas natural representa el 1 % del PIB colombiano y genera más de 100.000 empleos. En 2024, aportó cerca de 2,9 billones de pesos en regalías e impuestos y recibió inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, de los cuales 23 millones se destinaron a inversión social.
Sin embargo, Murgas insiste en que la situación energética enfrenta retos. Las reservas probadas (1P) cayeron a 2 TPC al cierre de 2024, con una relación reservas-producción (R/P) que se ha reducido a 5,9 años. La producción promedio del año fue de 944 GBTUD y la oferta local ha disminuido un 16 % en lo corrido de 2025.
El país ya ha identificado entre 30 y 100 TPC en potenciales reservas, tanto en áreas continentales como costa afuera. En 2023 y 2024 se realizaron descubrimientos claves en Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Guajira y Arauca, liderados por empresas como Ecopetrol, Shell, Canacol Energy y Petrobras.
Pese a estos avances exploratorios, el déficit de gas firme se ha agudizado. Las cantidades disponibles para contratación han disminuido frente a 2024, encendiendo alarmas sobre el abastecimiento futuro si no se activan proyectos estratégicos, según la presidenta de Naturgas.

Otro punto crítico es la pobreza energética. En Colombia, 8,4 millones de personas viven en esta condición. De acuerdo con un estudio de Promigas, el acceso a gas natural reduce significativamente las privaciones: solo el 5 % de las personas en hogares con gas son pobres energéticos, frente al 41,5 % en hogares sin acceso.
El sector industrial continúa siendo el mayor consumidor de gas natural en el país, seguido por la generación térmica, el consumo residencial, refinerías y comercio. Este energético también se perfila como la base para alcanzar la autosuficiencia en fertilizantes, un factor clave para la seguridad alimentaria.
En definitiva, el gas natural sigue siendo un pilar de la transición energética en Colombia, pero su sostenibilidad dependerá del impulso a nuevas reservas, la diversificación con gases renovables y una política pública decidida a cerrar brechas sociales y garantizar la seguridad energética.




