El proceso de actualización masiva de avalúos rurales en Colombia puso en el centro del debate a departamentos como Boyacá y Santander, donde se concentró el mayor número de predios intervenidos y, al mismo tiempo, algunas de las protestas más fuertes contra la medida impulsada por el Gobierno nacional.

La decisión, liderada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, buscó corregir el rezago histórico en la actualización catastral, que en promedio era de 16 años, aunque en varias zonas rurales alcanzaba entre 20 y 30 años, lo que mantenía valores muy por debajo de los precios reales del mercado.

Como respuesta a esta situación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) ejecutó en diciembre de 2025 un ajuste automático masivo del valor del suelo en más de 1,9 millones de predios rurales en 520 municipios, utilizando modelos estadísticos.

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A esta cifra se sumaron 48 municipios que participaron previamente en una fase piloto, lo que elevó el total a más de 2,1 millones de predios actualizados, es decir, el 31,6 % del territorio nacional. Sin embargo, esta intervención representa apenas cerca del 10 % de los 19,5 millones de predios existentes en el país, de acuerdo con un artículo publicado por El Tiempo.

Dentro de este proceso, Boyacá encabezó la lista con 81 municipios actualizados, seguido de Santander con 68, lo que los convierte en las regiones con mayor impacto por la medida. En estos territorios se intervinieron localidades como Duitama, Paipa y Villa de Leyva, así como San Gil, Barichara y Lebrija, entre otros.

El alcance de la actualización también se extendió a departamentos como Nariño, Tolima y Cauca, además de otras regiones donde diferentes gestores catastrales adelantaron procesos similares en cerca de 80 municipios adicionales.

No obstante, el ajuste generó una ola de inconformidad en varias zonas del país, especialmente en Santander, donde campesinos y propietarios denunciaron incrementos abruptos en el impuesto predial tras recibir avalúos actualizados con alzas que, en algunos casos, superaron el 100 %.

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El impacto se explica porque el avalúo catastral sirve como base para calcular el impuesto predial, el cual es fijado por los concejos municipales. Aunque la normativa establece que este tributo no puede incrementarse más del 50 % anual en predios rurales menores de 100 hectáreas, expertos advierten que no hubo una transición adecuada para amortiguar los cambios.

Tras las protestas y un paro nacional, el Gobierno acordó instalar mesas regionales en departamentos como Santander, Norte de Santander, Casanare y Cundinamarca, con el fin de revisar los avalúos y detectar posibles inconsistencias en la aplicación de la metodología.

Como siguiente paso, se avanzará hacia una actualización catastral multipropósito de carácter gradual, que ya cubre más de 44 millones de hectáreas y que incluirá visitas técnicas a los predios para levantar información física, jurídica y económica, lo que podría generar nuevos ajustes en los valores establecidos.