Los acuerdos que permitieron que se levantara el paro contra avalúos catastrales

Una comisión hará seguimiento a las revisiones y decisiones que se adopten frente al catastro que originó el paro campesino que, según gremios, dejó pérdidas por más de 600 mil millones de pesos.

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Tras cinco días de parálisis y pérdidas superiores a los $600.000 millones, campesinos y autoridades en Santander lograron un acuerdo que puso fin a los bloqueos viales, con el compromiso de revisar los avalúos catastrales que dispararon el impuesto predial rural.

La firma del acta de la Mesa de Diálogo y Concertación sobre el avalúo catastral, realizada en la Gobernación de Santander, marcó este martes el fin del paro campesino que mantenía bloqueos en las principales vías del departamento y mantuvo incomunicada el área metropolitana de Bucaramanga con el resto del país.

El acuerdo, alcanzado en el marco de las mesas instaladas con participación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), alcaldes, líderes sociales y la Gobernación, establece una revisión técnica, municipio por municipio, de los avalúos que generaron inconformidad en el sector rural.

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El director regional del IGAC, Jean Carlo Colmenares, reiteró durante la jornada el carácter conciliador del proceso y reconoció el derecho de las comunidades a reclamar, asegurando que los ajustes se harán bajo los mecanismos legales vigentes.

Como base normativa, se aplicará la Resolución 384 de 2026, que faculta a las direcciones territoriales del IGAC para modificar los porcentajes de incremento definidos en la actualización catastral.

Los alcaldes de municipios afectados insistieron en la necesidad de corregir los incrementos desbordados. Desde Confines, Coromoro, Galán y El Hato, mandatarios locales expusieron casos de aumentos que superaron incluso el 8.000 %, así como problemáticas asociadas a tierras improductivas que no corresponden a los nuevos valores asignados.

En respuesta, se acordó instalar mesas técnicas simultáneas entre el IGAC, las administraciones municipales, líderes comunitarios y veedurías, con el fin de revisar los casos más críticos y garantizar transparencia en el proceso.

La Gobernación de Santander, liderada por Juvenal Díaz Mateus, asumirá un rol clave brindando asistencia técnica, logística y acompañamiento institucional, además de facilitar espacios y personal especializado para agilizar las revisiones.

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, fueron garantes de lo acuerdos. Foto: Nelson Tarazona-METROPOLITANO

Asimismo, los alcaldes se comprometieron a presentar proyectos ante los concejos municipales para evaluar alivios como ampliación de plazos y posibles descuentos en el pago del impuesto predial.

Entre los municipios priorizados para la revisión inmediata se encuentran Lebrija, Coromoro, Barichara, San Gil y Galán, donde se concentraron buena parte de las protestas.

Con la firma del acuerdo, los voceros campesinos se comprometieron al levantamiento inmediato de los siete bloqueos que afectaban corredores estratégicos como la vía Bucaramanga–San Gil-Bogotá, la Ruta del Sol hacia Barrancabermeja y accesos a provincias del sur del departamento.

Durante los cinco días de paro, la economía regional sufrió un fuerte impacto. De acuerdo con gremios, las pérdidas superaron los $120.000 millones diarios, afectando sectores como el avícola, agroindustrial, transporte, comercio y turismo.

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Se reportaron millones de huevos represados, toneladas de alimentos sin movilizar, cancelación de exportaciones y eventos masivos suspendidos, además de una drástica caída en la movilidad aérea y terrestre.

El desabastecimiento de productos básicos y combustibles, así como el riesgo en la continuidad de proyectos de construcción y servicios de salud, evidenciaron el carácter sistémico de la crisis.

Aunque el acuerdo abre un camino para superar el conflicto, las autoridades advirtieron que el reto inmediato será cumplir los plazos de revisión y restablecer la confianza de las comunidades rurales.

La próxima reunión de seguimiento quedó programada para el 6 de mayo, en la que se evaluarán los avances en la corrección de los avalúos y el impacto de las medidas adoptadas.

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