La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio luz verde a la unión Tigo–Movistar, pero lo hizo con una batería de restricciones inéditas que busca contener los impactos de una operación que reconfigura el mapa de las telecomunicaciones en Colombia. La decisión, que mantiene en tensión a todo el sector, marca un precedente por el tamaño del negocio —valorado en 400 millones de dólares— y por las advertencias de posibles distorsiones en la competencia.
Tras más de diez meses de análisis, la delegatura concluyó que permitir la integración sin condiciones habría dejado expuestos a los operadores más pequeños a presiones tarifarias, limitaciones de acceso a redes y riesgos de prácticas coordinadas entre los dos gigantes que dominarían el mercado móvil: Claro y la nueva empresa Tigo–Movistar.
El proceso estuvo acompañado de una intensa participación de terceros, especialmente de WOM, el opositor más férreo, que alertó que la fusión podría consolidar un duopolio con control de más del 90 % del mercado móvil nacional. También señalaron riesgos de incrementos en precios, reducción de cobertura y afectación a zonas rurales y vulnerables.
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La resolución 94169 detalla que la SIC evaluó 19 mercados, entre ellos servicios móviles, internet fijo, televisión, acceso mayorista y provisión de infraestructura. En todos identificó riesgos potenciales, entre ellos la posibilidad de que el operador integrado modifique tarifas de roaming nacional, restrinja el acceso a los Operadores Móviles Virtuales (OMV) o utilice su posición para presionar a competidores más pequeños.
La superintendente Cielo Rusinque explicó que la operación, aunque puede generar mejoras de cobertura y calidad, también trae incentivos para alterar las condiciones del mercado. Uno de los puntos centrales es que Movistar y Tigo dejarán de competir entre sí, lo que impacta de forma directa la dinámica comercial en varios segmentos.
Por eso, la entidad optó por dar una aprobación condicionada. Entre las medidas más relevantes está la obligación de ofrecer a los OMV tarifas mayoristas más bajas, con descuentos entre el 12,5 % y el 46 %, además de prohibir cambios unilaterales en contratos o afectaciones que obliguen a los usuarios a trámites como cambiar la tarjeta SIM.
WOM también recibirá una tarifa preferencial del 12 % al 25 % en el roaming automático nacional, mientras que los nuevos entrantes tendrán un techo tarifario regulado por la SIC. La entidad fue explícita: el nuevo operador no podrá subir precios de roaming ni lanzar campañas dirigidas a captar usuarios de sus rivales.
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Otro punto clave está en la infraestructura. La SIC ordenó que no se desmantele red alguna y que la integración se traduzca en mejoras para los usuarios. Además, prohibió que Movistar ejerza su derecho de veto en ON*Net Fibra, para evitar que bloquee competidores en el mercado de internet fijo.
La empresa integrada también deberá mantener intacta su oferta comercial actual, sin eliminar ni modificar los planes vigentes para sus usuarios. Todas estas obligaciones estarán acompañadas de auditorías independientes y vigilancia por un periodo de cuatro años, o hasta que la Comisión de Regulación de Comunicaciones emita nuevas reglas de mercado.
La polémica decisión se da en un contexto político marcado por el llamado del presidente Gustavo Petro a combatir cualquier forma de monopolio. WOM ha usado ese mensaje como respaldo a sus reclamos y ahora evalúa los próximos pasos de su operación en el país, mientras el sector espera cómo esta megafusión transformará la competencia y los precios en los próximos años.
La SIC insiste en que las medidas buscan proteger a los consumidores, garantizar un mercado competitivo y asegurar que las inversiones en infraestructura beneficien a todos los colombianos. El capítulo que comienza será decisivo para el futuro del sector móvil y fijo en Colombia.
