Un nuevo caso de corrupción sacude al Ejército Nacional tras revelarse que siete de sus integrantes enfrentan un proceso judicial por la presunta apropiación de más de $200 millones destinados a la alimentación de soldados en un batallón de infantería ubicado en Ocaña, Norte de Santander.
La investigación, adelantada por la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía en esta región, establece que los uniformados, quienes cumplían funciones administrativas, habrían manipulado documentos oficiales y tramitado órdenes falsas con el fin de desviar recursos asignados al bienestar de la tropa.
Entre los procesados figuran el teniente coronel Nelson Cuta Silva; los mayores Camilo Andrés Bonilla Bernal y Jefferson Alexander Silva Ruiz; el capitán Fermín Esteban Salinas Rodríguez; y los sargentos Jonathan Andrés Rojas Díaz, Leonardo Ciro López y Luis Edilson Torres Villa, señalados como presuntos responsables del esquema fraudulento.
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De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los implicados estarían involucrados en al menos cinco hechos delictivos relacionados con la generación y aprobación de órdenes ficticias para el abastecimiento de víveres secos y frescos, reportando consumos que no correspondían a la realidad operativa del batallón.
El mecanismo consistía en elaborar planillas que registraban la entrega de raciones a soldados que se encontraban en vacaciones, permisos, turnos de descanso o desplegados en operaciones fuera de la unidad, documentos que además carecían de firmas o constancias de recibido por parte de los comandantes responsables.
Según explicó el fiscal del caso, los oficiales y suboficiales “se articularon al interior del batallón para crear falsas necesidades de abastecimiento y así inducir en error a la administración, logrando la asignación de partidas presupuestales que no correspondían a la realidad”, alterando incluso los informes oficiales sobre la situación de la tropa.
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Las conductas investigadas se habrían presentado de manera continuada entre agosto y diciembre de 2024, extendiéndose hasta enero de 2025, con un detrimento patrimonial estimado en $201.314.124 del erario del Ministerio de Defensa.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los uniformados los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados. Una juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento domiciliaria para seis de los procesados, mientras que el capitán Salinas Rodríguez continuará vinculado a la investigación en libertad.
