Mientras la violencia armada mantiene en vilo a miles de habitantes de la frontera colombo-venezolana, los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro anunciaron la creación de una zona económica binacional que involucra a los departamentos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira, y a los estados venezolanos de Táchira y Zulia, en medio de serios interrogantes sobre su efectividad.

El acuerdo, suscrito entre la ministra de Comercio de Colombia, Diana Marcela Morales, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, busca articular esfuerzos en comercio, agroindustria, educación, cultura y turismo. También contempla incentivos tributarios y aduaneros para atraer inversión privada a territorios priorizados como el Catatumbo, donde el Estado colombiano no logra ejercer control pleno desde hace meses.

Aunque la propuesta ha sido presentada como una oportunidad para la integración y el desarrollo regional, las alertas no tardaron en prenderse por el contexto en el que se anuncia: una frontera con más de 75 pasos ilegales, presencia activa del Eln y el ‘Tren de Aragua’, y denuncias sobre «outsourcing criminal» entre guerrillas y bandas de ambos lados.

RECOMENDAMOS: Únase aquí al canal de YouTube de Metropolitano y active las notificaciones

El presidente Maduro aseguró que se articularán acciones contra el crimen organizado, mientras Petro insistió en que «ningún soldado colombiano pasará a Venezuela ni viceversa”. No obstante, expertos cuestionan cómo se ejecutará un plan de desarrollo sin control territorial real en amplias zonas fronterizas.

«El objetivo es liberar esta zona del narcotráfico y el paramilitarismo«, afirmó Maduro en su programa televisivo. Pero para analistas como César Niño, experto en conflicto, el acuerdo parece más un gesto político que una estrategia con resultados tangibles. «Ni Colombia ni Venezuela controlan plenamente sus fronteras. Crear una zona económica sin resolver primero eso puede terminar legitimando el accionar de estructuras criminales”, dijo al diario El Tiempo.

A las dudas se suman las reacciones políticas. El expresidente Álvaro Uribe tildó de «inaceptable» la alianza con el «régimen tiránico» de Maduro. Parlamentarios como Nicolás Echeverry y José Jaime Uscátegui citaron a los ministros de Comercio, Defensa y Relaciones Exteriores a rendir explicaciones en el Congreso sobre el alcance legal, presupuestal y diplomático del memorando.

Desde La Guajira, el gobernador Jairo Aguilar pidió socialización con mandatarios locales: “Somos nosotros quienes padecemos día a día las consecuencias de una frontera sin ley”, reclamó.

Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias en su celular. Es gratis.

La ministra Morales defendió la propuesta asegurando que se basa en un marco legal ya existente —como la Ley de Fronteras, el Plan Vallejo y el Régimen Franco— y no requiere aprobación del Congreso. «Esta zona especial permitirá importar insumos sin aranceles ni IVA, transformarlos en la frontera y exportarlos, incluso a Venezuela”, explicó.

Morales enfatizó que se trata de una oportunidad para dinamizar la economía popular, integrar cadenas productivas y compensar el olvido histórico del Estado con estas regiones. “No es un tema ideológico, es una respuesta a las necesidades reales de territorios que han vivido décadas de abandono”, dijo.

Pese a los beneficios fiscales anunciados, voces desde la academia y los organismos de seguridad coinciden en que la ausencia de control estatal en la zona podría convertir la propuesta en un enclave para mafias transnacionales, más que en un motor de desarrollo binacional.

A nueve meses de las elecciones en Colombia, la polémica apenas comienza. Lo cierto es que, más allá del discurso integrador, la frontera exige soluciones que superen el papel y enfrenten de fondo su deterioro estructural.

RECOMENDAMOS: Únase aquí a la cuenta de X (Twitter) de Metropolitano

Ministerio de Comercio defiende la zona binacional

La ministra de Comercio Exterior, Diana Marcela Morales, defendió este lunes el acuerdo firmado con el gobierno venezolano para crear una zona económica binacional. La funcionaria aseguró que se trata de una apuesta concreta por el desarrollo regional y no de una concesión política.

“Esta es una visión integradora que nos permitirá transformar los territorios de frontera y generar condiciones para que la inversión privada llegue, sin sacrificar la soberanía ni el control estatal”, dijo Morales en una entrevista en Caracol Radio.

Entre los principales beneficios del acuerdo —que tendrá una vigencia inicial de cinco años— se contempla la importación de insumos sin aranceles ni IVA, el establecimiento de zonas especiales con vocación productiva y logística, así como incentivos tributarios y aduaneros para inversiones agroindustriales y exportadoras.

Según Morales, todo esto será posible bajo el marco jurídico vigente. “Estamos usando herramientas legales que ya existen, como la Ley de Fronteras, el Plan Vallejo y decretos como el 1169 de 2019 o el Régimen Franco. No se necesita una nueva ley ni pasar por el Congreso”, explicó.

RECOMENDAMOS: Síganos en la cuenta de Instagram de Metropolitano

La ministra también señaló que gran parte de la frontera está clasificada como zona Somac o PDT (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), lo que la convierte en prioritaria para intervenciones estatales. “Hay un andamiaje jurídico que hemos subestimado, pero que nos permite avanzar. No es una improvisación”, afirmó.

Sobre las críticas por la firma del acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro, Morales fue enfática: «No podemos seguir viendo esto desde la miopía ideológica. Esta no es una declaración de apoyo político, es una respuesta a necesidades concretas de la población fronteriza que ha sido históricamente olvidada”.

Le puede interesar: Fabry Castro, jugador del Bucaramanga, fue asaltado en la floresta

Recordó, incluso, una situación personal que vivió durante el cierre de la frontera. “Cuando mi familia desapareció del lado venezolano, las autoridades colombianas me ofrecieron buscar ayuda con un ‘presidente interino’. Pero esa institucionalidad no existe. Yo necesito soluciones reales, no discursos”, expresó con evidente carga emocional. por ahora, las autoridades en Cúcuta y Norte de Santander no se han pronunciado esperando más información.

El Gobierno insiste en que esta es una oportunidad para reactivar la economía local, fomentar el empleo formal y construir paz en zonas vulnerables. Sin embargo, el desafío sigue siendo garantizar seguridad y control estatal donde hoy mandan las mafias.