Con cadenas en sus manos y consignas frente al Ministerio de Ambiente, campesinos, pequeños mineros, comerciantes y líderes sociales de siete municipios de Santander trasladaron este lunes a Bogotá su rechazo a las decisiones que el Gobierno nacional pretende adoptar sobre el complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. Los manifestantes advierten que las medidas amenazan miles de empleos, restringen actividades económicas legales y podrían transformar el futuro de toda la provincia de Soto Norte.
La movilización reunió a delegaciones de municipios como Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta y Tona, además de representantes de organizaciones sociales y productivas, quienes cuestionan tres proyectos de resolución impulsados por el Ministerio de Ambiente. Según los asistentes, las iniciativas avanzan sin una participación ciudadana suficiente y podrían afectar cerca de 75.000 hectáreas donde actualmente se desarrollan actividades agrícolas, comerciales y mineras amparadas por la ley.
Uno de los momentos más llamativos de la jornada ocurrió cuando varios campesinos y pequeños mineros decidieron encadenarse frente a la sede del Ministerio como símbolo de resistencia. Con esta acción exigieron suspender la expedición de las resoluciones hasta que exista un proceso de concertación amplio y se incorporen estudios técnicos que evalúen sus impactos sociales, económicos y ambientales.
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Los líderes de la protesta sostienen que las medidas tendrían consecuencias directas para más de 25.000 habitantes de Soto Norte, quienes dependen de actividades productivas que, aseguran, se verían limitadas por las nuevas restricciones ambientales.
Durante la concentración también fue elevada una solicitud a la Agencia Nacional de Minería para que asuma una defensa institucional de los pequeños productores y de los títulos mineros legalmente constituidos. Las comunidades pidieron que cualquier decisión sobre el futuro de la región se tome con criterios técnicos, jurídicos y de seguridad jurídica para quienes desarrollan su actividad dentro de la legalidad.
Tutela busca frenar el proceso
En medio de la movilización se conoció otra decisión que fortaleció la posición de las comunidades. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga admitió una acción de tutela presentada por cuatro líderes de Vetas, respaldada por habitantes de Bucaramanga y de los municipios de Soto Norte.
La demanda solicita la protección de derechos fundamentales como la participación ciudadana, el debido proceso, el acceso a la información pública ambiental, la igualdad y el derecho de petición dentro del procedimiento que adelanta el Ministerio para expedir una nueva delimitación parcial del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.
Los accionantes sostienen que existe el riesgo de repetir las mismas irregularidades que llevaron a la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-361 de 2017, a dejar sin efectos la anterior delimitación del páramo de Santurbán por no garantizar una participación efectiva de las comunidades involucradas.
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Las decisiones que generan el rechazo
Las organizaciones sociales rechazan tres iniciativas específicas del Ministerio de Ambiente: la declaratoria de una Zona de Reserva de Recursos Naturales Permanente en el sector de La Baja, en California; la ampliación de una Zona de Reserva Temporal que cobijaría cerca de 75.000 hectáreas en seis municipios de Soto Norte y tres corregimientos de Bucaramanga; y la expedición de una delimitación parcial del páramo que, según denuncian, desconoce los acuerdos construidos con las comunidades entre 2023 y 2025.
Los manifestantes afirman que esas decisiones también contradicen recomendaciones y pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional, el Tribunal Superior de Santander, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo sobre la necesidad de garantizar procesos participativos antes de adoptar medidas que impacten a las comunidades.
Mientras el Ministerio de Ambiente mantiene el trámite de las resoluciones, las organizaciones anunciaron que continuarán con las acciones jurídicas y las movilizaciones sociales para impedir que las decisiones sean expedidas sin concertación. Aseguran que está en juego el futuro económico y social de una de las regiones históricamente vinculadas a la minería y la producción agropecuaria en Santander.
