El Gobierno nacional solicitó suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos su máximo cabecilla, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito malo, como parte del proceso de acercamientos con esa estructura armada en el marco de la política de ‘paz total’.
La decisión quedó consignada en una resolución fechada el pasado 29 de abril y revelada este 8 de mayo, en la que el Ejecutivo acepta un listado entregado por el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia para permitir el traslado de sus integrantes a las denominadas Zonas de Ubicación Temporal.
Según el documento, la medida se sustenta en las resoluciones expedidas en 2024 y 2025 que autorizaron la instalación de un espacio de conversación con el grupo armado organizado. La suspensión de las órdenes de captura tendría como finalidad facilitar la movilización y permanencia de los integrantes en dos puntos específicos del país: Tierralta, en Córdoba, y Belén de Bajirá, en Chocó.
Únase AQUÍ a nuestro WHATSAPP | TIK TOK | INSTAGRAM
LEA TAMBIÉN:
- Alias Calarcá será citado a imputación de cargos por delitos de lesa humanidad en medio de la Paz Total
- “Al Eln le quedan tres meses»: gobernador Díaz lanza ‘pullas’ a Petro y destaca golpes del centro de vigilancia
- Gobierno, autoridades y candidatos rechazan «juicio revolucionario» del Eln contra funcionarios del CTI y policías secuestrados
El proceso de traslado está previsto para el próximo 25 de junio y, de acuerdo con el Gobierno, estará sujeto a restricciones relacionadas con tiempo, ubicación y condiciones específicas de permanencia.
Entre los nombres incluidos en el listado figura alias Chiquito Malo, señalado por las autoridades como máximo líder del Clan del Golfo y uno de los hombres más buscados del país por narcotráfico y actividades criminales ligadas al tráfico internacional de cocaína.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el jefe criminal habría liderado la organización entre octubre de 2021 y abril de 2026, consolidando una estructura con alcance transnacional dedicada principalmente al narcotráfico y vinculada a ataques contra la Fuerza Pública y civiles en Colombia.
En la resolución, el Gobierno precisó que cualquier actividad de coordinación y preparación para el ingreso a estas zonas deberá estar “exclusivamente relacionada con el proceso de paz y el cumplimiento del compromiso de reubicación” de los integrantes del grupo armado ilegal.
