El Tribunal Administrativo de Antioquia decretó una medida cautelar de urgencia dentro de una acción popular presentada contra el Ministerio de Salud por la cuestionada reorganización del sistema de aseguramiento en salud y que comenzaría a sentirse con fuerza en varias regiones como Santander, donde 70 municipios quedarían con una sola Entidad Promotora de Salud (EPS) autorizada para atender a la población: la Nueva EPS.
La medida se desprendería de la aplicación del Decreto 0182 de 2026, mediante el cual el Ministerio de Salud definió un nuevo ordenamiento poblacional y de mercado que redistribuye los afiliados del sistema y concentra la operación en determinados territorios.
Como resultado de esta decisión, en 504 municipios del país la única aseguradora que operaría sería la Nueva EPS, lo que significa que en esas localidades los usuarios no tendrían opción inmediata de libre escogencia entre varias entidades, razón por la que el ciudadano Víctor Raúl Palacio interpuso la acción popular para proteger diversos derechos e intereses colectivos que, según su argumento, podrían verse amenazados por la aplicación del decreto.
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El impacto territorial de la medida es significativo. Según la base de datos de distribución de afiliados, más de 2,6 millones de personas serían trasladadas a Nueva EPS tras la entrada en vigencia del decreto, de acuerdo con un artículo publicado por el diario El Tiempo.
Con este cambio, la aseguradora pasaría de tener 11,58 millones de afiliados a cerca de 14,19 millones en todo el país, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 22,6 % en apenas tres meses.
En el caso de Santander, el efecto se sentiría principalmente en municipios de menor tamaño y en provincias alejadas del área metropolitana de Bucaramanga, donde históricamente ha sido menor la presencia de varias EPS compitiendo por afiliados.
El fenómeno no es exclusivo de este departamento. Boyacá y Cundinamarca también registrarían un alto número de municipios bajo este esquema, con 116 y 85 localidades respectivamente.
De hecho, Santander, Boyacá y Cundinamarca concentran juntos más de la mitad de los municipios del país donde solo operaría Nueva EPS, lo que convierte a esta zona del centro-oriente colombiano en la región con mayor impacto de la medida.
En Boyacá, por ejemplo, prácticamente todo el territorio departamental quedaría bajo este modelo de un solo asegurador, especialmente en municipios rurales o de baja población.
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En Cundinamarca y Santander, aunque en las ciudades principales continuarían operando varias EPS, la situación cambia radicalmente en municipios intermedios y pequeños, donde la salida de otras entidades dejó a Nueva EPS como único operador, según la publicación de El Tiempo.
La implementación del decreto se produciría en medio de cuestionamientos sobre la situación financiera y operativa de la entidad.
De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, la deuda de Nueva EPS aumentó un 198 % entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones.
En ese mismo periodo, el patrimonio de la aseguradora también se deterioró de manera significativa, pasando de un saldo positivo de 485.209 millones de pesos en 2022 a un patrimonio negativo de 6,25 billones de pesos en marzo de 2025.
La Contraloría ha advertido que este comportamiento refleja una “inviabilidad estructural”, lo que genera preocupación frente a la ampliación masiva de afiliados que deberá asumir la entidad.
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Las dificultades financieras también han tenido efectos en la operación del sistema de salud. En todo el país se han interpuesto embargos por más de 2 billones de pesos contra la aseguradora por parte de 95 instituciones prestadoras de servicios de salud debido a falta de pagos.
Esta situación ha puesto en aprietos a clínicas y hospitales que dependen de esos recursos para garantizar la atención a los pacientes.
El malestar de los usuarios también ha ido en aumento. Durante 2025, las quejas relacionadas con Nueva EPS ante la Defensoría del Pueblo crecieron un 107 %, alcanzando 14.603 registros. Gran parte de estas inconformidades están relacionadas con demoras en autorizaciones, dificultades para acceder a medicamentos y retrasos en procedimientos médicos.
En regiones como Santander, donde 70 municipios dependerían exclusivamente de Nueva EPS para la gestión del riesgo en salud y la articulación de la red de servicios, el debate se centra en si la entidad tendrá la capacidad de responder de manera oportuna a la demanda de atención médica de miles de usuarios.
