Una nueva decisión judicial volvió a sacudir la movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga. El Tribunal Administrativo de Santander ordenó suspender de forma indefinida la medida de pico y placa en Floridablanca, Girón y Piedecuesta, al considerar que esta restricción vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos.

El fallo, emitido en primera instancia, responde a una tutela interpuesta por Leonardo Silva Parada, empresario y activista piedecuestano, quien denunció que la norma afecta la libre circulación, la propiedad privada y el derecho al trabajo, especialmente de sectores como el agrícola y el comercial.

La magistrada María Eugenia Carreño Gómez, encargada del caso, dio la razón al accionante y exigió a las autoridades locales dejar sin efectos el acto judicial que extendía el pico y placa a todas las vías urbanas.

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Esta no es la única regulación en disputa. En paralelo, otras medidas adoptadas contra el transporte informal —como la prohibición del parrillero hombre o la restricción a motocicletas en horario nocturno— también han sido suspendidas por decisiones judiciales, al no contar con la debida sustentación técnica ni jurídica.

La justicia ha señalado que cualquier medida que limite la movilidad deberá estar basada en estudios serios y actualizados. Por ello, el Juzgado Quince Administrativo estableció un cronograma que obliga a las alcaldías a presentar avances concretos y sustentos técnicos antes del 1 de septiembre, para evitar que futuras decisiones vuelvan a ser tumbadas por vicios de legalidad.

Entre tanto, la restricción de pico y placa para vehículos foráneos también fue suspendida, luego de que el Juzgado Doce Administrativo acogiera una medida cautelar al encontrar que dicha norma podría discriminar a conductores con placas de otros departamentos, sin una justificación válida.

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En Bucaramanga, la Dirección de Tránsito aclaró que el pico y placa foráneo, previsto para entrar en vigor el 16 de julio, no está aplicándose. El director Jhair Andrés Manrique explicó que la medida fue frenada y que actualmente se trabaja en los estudios que exige el juez para reconsiderar o reestructurar la norma.

Todo este panorama refleja la tensión entre los planes de regulación del transporte que adelantan las alcaldías y los límites constitucionales que la justicia les está recordando. Lo cierto es que, por ahora, varias de las medidas que pretendían restringir el uso de vehículos y motos en el área metropolitana están en pausa.

La ciudadanía, en medio de la confusión generada por anuncios oficiales y fallos judiciales, deberá estar atenta a los canales institucionales para conocer con claridad qué normas están vigentes y cuáles están suspendidas.

Las decisiones judiciales han puesto en evidencia que cualquier intervención sobre la movilidad urbana debe sustentarse no solo en el interés público, sino también en estudios técnicos, respeto por los derechos fundamentales y un proceso legal riguroso. De lo contrario, las restricciones seguirán cayendo una a una en los estrados.