La suspensión de la orden de captura contra alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc, se mantiene luego de que no se lograra un acuerdo entre la Fiscalía General y delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre su reactivación.
La decisión se conoció tras una reunión encabezada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, en la que se evaluó la situación de Alexander Díaz Mendoza, integrante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc.
De acuerdo con lo conocido, la Fiscalía continúa analizando si existen elementos suficientes para reactivar la orden de captura, ante posibles incumplimientos de los requisitos establecidos en la Ley de Paz Total y en lineamientos fijados por la Corte Constitucional.
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Entre los aspectos evaluados se encuentran presuntas violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en regiones como el Guaviare.
El pasado 26 de marzo, la Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderada por José Otty Patiño, definieron una metodología para evaluar el cumplimiento de los compromisos en el marco de la Ley 2272 de 2022.
Este mecanismo establece que las revisiones se harán con base en las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos en los que estén involucrados los beneficiarios de la suspensión de órdenes de captura. Asimismo, se determinó que la verificación será periódica y contará con la participación de distintas entidades del Estado según su competencia.
La Fiscalía adelanta al menos cinco líneas de investigación contra ‘Calarcá‘, sustentadas en material probatorio obtenido tras la incautación de dispositivos electrónicos a integrantes de las disidencias en un operativo realizado el 23 de julio de 2024 en Anorí.
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Entre las principales líneas se encuentran:
- Posible infiltración o cooptación de miembros del Ejército y agentes de inteligencia.
- Evaluación de amenazas a la seguridad nacional, incluyendo posibles planes de atentados.
- Rastreo de una eventual financiación de campañas políticas con recursos ilegales.
- Identificación de alianzas entre estructuras criminales.
- Creación de empresas de vigilancia al servicio de organizaciones ilegales.
Además, la fiscal general ordenó reforzar la investigación, que inicialmente no había avanzado pese a contar con evidencia legalizada por un juez de garantías, delegando el caso a instancias nacionales especializadas en criminalidad organizada.
Por ahora, la situación jurídica de alias ‘Calarcá’ sigue en evaluación, mientras las autoridades determinan si mantiene los beneficios dentro del proceso de paz total o si procede la reactivación de la orden de captura.
