La suspensión de órdenes de captura en Antioquia, de 23 poderosos cabecillas delincuenciales, generó una reacción inmediata de las autoridades departamentales, encabezadas por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien anunció acciones legales para tumbar la resolución ante el Consejo de Estado.

La decisión fue analizada en un consejo de seguridad realizado en Medellín con alcaldes del Valle de Aburrá, tras conocerse que la Fiscalía suspendió las órdenes de captura contra los líderes criminales que hacen parte de los diálogos de paz impulsados por el Gobierno de Gustavo Petro.

Al finalizar la reunión, las autoridades regionales cuestionaron la medida al considerar que podría afectar gravemente el orden público.

El gobernador Rendón calificó la decisión como riesgosa y aseguró que podría convertir al Valle de Aburrá y a Rionegro en un escenario similar al de El Caguán, en referencia a procesos fallidos del pasado.

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“Esta decisión es como si quisiera volver al conglomerado urbano más importante de Antioquia en otro Caguán”, afirmó el mandatario, quien además cuestionó que se suspendan órdenes contra personas vinculadas a delitos graves.

Según el gobernador, la medida sería ilegítima y podría responder a una política pública que, en su opinión, ha fracasado, especialmente en un contexto cercano a elecciones.

Ante este panorama, la Gobernación anunció que presentará una acción de nulidad ante el Consejo de Estado con el fin de suspender la resolución. Además, Rendón hizo un llamado directo a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que reconsidere la decisión.

“Le pido que reverse la medida, que no abandone a las víctimas”, expresó el mandatario, quien también mencionó delitos como extorsión, tortura y homicidio atribuidos a los cabecillas beneficiados.

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Alcaldes del Valle de Aburrá también manifestaron su preocupación. El alcalde de Itagüí, Diego León Torres, señaló que la medida iría en contravía de las estrategias de seguridad implementadas en los municipios.

El mandatario advirtió que la decisión podría poner en riesgo no solo a miembros de la Fuerza Pública y operadores judiciales, sino también a víctimas, testigos y ciudadanos.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación aclaró que la resolución no implica la liberación de personas privadas de la libertad. La entidad precisó que quienes se encuentren en centros penitenciarios o bajo medidas judiciales continuarán en esa condición, ya que la decisión no contempla la concesión de libertades ni interfiere con condenas o procesos vigentes.