Ocho años después de la firma del Acuerdo de Paz del Gobierno con las extintas Farc persisten falencias en el acceso a la información sobre la contratación pública para su implementación.
El más reciente informe sobre la contratación pública en la implementación del Acuerdo de Paz de Transparencia por Colombia dejó al descubierto las dificultades para que la ciudadanía, las entidades responsables y los órganos de control identifiquen con claridad los contratos vinculados a la implementación del acuerdo de paz.
Según el informe, tras un proceso de triangulación de datos a partir de cuatro fuentes de información, Transparencia por Colombia logró identificar 109.951 contratos con posibles vínculos con la implementación del Acuerdo de Paz. De estos, la veeduría confirmó que 54.419 están directamente relacionados con dicha implementación. El 26% de estos contratos fue publicado en Secop I y el 74% en Secop II.
Dicha labor investigativa se dificultó ya que solo el 40,7% de los contratos identificados incluye información sobre el punto y pilar del Acuerdo de Paz al que corresponden. En el 59,3% restante, esta información no está disponible, lo que dificulta la trazabilidad de los recursos.
Para Sandra Martínez, directora de Transparencia por Colombia, esta falta de información limita el seguimiento efectivo al uso de los recursos públicos, su impacto en los territorios priorizados y el avance en la consolidación de la paz.
“El uso adecuado de los recursos públicos debería garantizar el bien común y mejorar la posibilidad de vivir en un país en paz. Aunque hay avances institucionales para mejorar la transparencia en la contratación pública asociada a la paz, aún se requiere mucho más compromiso y acciones concretas para lograr una apertura amplia y completa que permita visibilidad de todos los recursos que se invierten para lograr la paz en Colombia”, afirmó Sandra Martínez, directora programática de Transparencia por Colombia.
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La implementación
Por otra parte, el análisis de Transparencia por Colombia reveló que el 44,15% de los recursos identificados se han destinado a la Reforma Rural Integral, con inversiones en infraestructura, desarrollo productivo y fortalecimiento del campo en las zonas más afectadas por el conflicto. El 28,54% ha sido dirigido a la atención a víctimas, incluyendo programas de reparación integral y asistencia humanitaria, aunque con dificultades en su ejecución. Mientras tanto, el 17,19% ha financiado la reincorporación de excombatientes, mediante formación y proyectos productivos, aunque con incertidumbre sobre su sostenibilidad a largo plazo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; y la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, son las entidades que han gestionado la mayor cantidad de recursos para la implementación del Acuerdo de Paz, con 622 mil millones de pesos y 495 mil millones en contratos, respectivamente.
Además, el informe identificó que el contrato más utilizado para la implementación del Acuerdo de Paz es el de prestación de servicios, principalmente destinado a la contratación de servicios profesionales.
