La sorpresiva captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, registrada en un operativo aéreo en la madrugada del pasado 3 de enero, abrió un escenario de alta incertidumbre en la frontera entre Colombia y Venezuela, una región históricamente marcada por la presencia de estructuras armadas ilegales que operan a ambos lados de la línea limítrofe.
Según información conocida por El Tiempo, en territorios donde el control estatal es limitado se estarían reconfigurando las dinámicas de seguridad. En zonas como Arauca y el Catatumbo, fuentes con conocimiento del terreno advierten sobre la persistencia de campamentos y pistas clandestinas utilizadas por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y frentes de las disidencias de las Farc que continúan operando desde territorio venezolano.
De acuerdo con una fuente militar, estos espacios de retaguardia facilitan el cruce constante de combatientes hacia Colombia para ejecutar acciones armadas y su posterior repliegue al otro lado de la frontera, un patrón que ya se ha observado en episodios anteriores de tensión binacional.
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La Serranía del Perijá figura como uno de los corredores estratégicos donde se concentra esta presencia. Allí, según los testimonios recopilados, existirían asentamientos que permiten la movilidad, el abastecimiento logístico y el ocultamiento de integrantes de estos grupos. A esto se suma la compra de tierras en Venezuela, registradas a nombre de terceros, como una estrategia para asegurar control territorial y reducir la exposición directa de las estructuras armadas, financiadas con recursos acumulados durante años.
Para el consultor en seguridad Duván Castañada, los grupos armados colombianos que delinquen en Venezuela podrían reforzar de manera temporal su presencia en zonas fronterizas, buscando mayores márgenes de maniobra frente al nuevo escenario político y militar.
“Estos grupos podrían intentar negociar con actores políticos o militares emergentes dentro de Venezuela para mantener corredores de movilidad y logística. Sin embargo, una eventual presencia internacional o una autoridad centralizada contraria al chavismo podría dejarlos más expuestos a operaciones conjuntas”, explicó.
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El cambio de poder en Caracas introduce, además, variables que generan tensión interna en estas organizaciones. Las fuentes advierten que la relación que habría existido entre el Eln y sectores de la Guardia Bolivariana podría alterarse, aumentando el riesgo de filtraciones, entrega de información o cambios de lealtad, lo que obligaría a los grupos armados a operar con mayor cautela.
Aunque se prevé que estas estructuras mantengan su capacidad de cruzar la frontera, el flujo ya no se daría con la misma facilidad. Ajustes en rutas, tiempos y puntos de concentración serían parte de las nuevas medidas de seguridad interna ante la posibilidad de operativos militares o de inteligencia más intensos.
Este panorama plantea retos directos para la Fuerza Pública colombiana. Analistas del sector defensa consultados por El Tiempo insisten en la necesidad de reforzar la vigilancia, la coordinación interinstitucional y el control territorial en corredores históricos de movilidad armada, advirtiendo que cualquier vacío podría ser aprovechado por estos grupos para recomponer su accionar.
En el plano político-militar, también se anticipan tensiones relacionadas con la alineación frente a las directrices del Ejecutivo y la relación con actores internacionales. En ese contexto, las decisiones que se adopten desde Bogotá y la forma en que se gestione la cooperación o confrontación en la frontera serán determinantes para el margen de maniobra de los grupos armados que hoy delinquen entre Arauca, el Catatumbo y la Serranía del Perijá.




