La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quedó con la última palabra sobre el futuro judicial del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos días sus declaraciones sobre presuntos vínculos políticos con estructuras paramilitares y el respaldo que habría recibido de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en su llegada a la Gobernación.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas deberá decidir ahora si acepta o no el sometimiento del exmandatario regional, quien busca acceder a los beneficios jurídicos que otorga esa jurisdicción a quienes aporten verdad sobre hechos relacionados con el conflicto armado.

La audiencia fue convocada como una “última oportunidad” para que Aguilar ampliara y aclarara sus versiones, luego de que la JEP rechazara inicialmente su solicitud por considerar insuficientes sus aportes frente a sus presuntas relaciones con grupos paramilitares.

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Las diligencias fueron lideradas por el magistrado Carlos Alberto Suárez López y contaron también con la participación de la magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, que investiga posibles alianzas entre agentes del Estado y estructuras armadas ilegales.

Durante las sesiones, realizadas el 4 y 5 de mayo de 2026, Aguilar habló de reuniones con reconocidos jefes paramilitares como ‘Don Berna’, ‘Camilo Morantes’ y ‘Ernesto Báez’, así como de supuestos acuerdos políticos con el Bloque Central Bolívar de las Auc en Santander.

Uno de los momentos más delicados de la audiencia ocurrió cuando el exgobernador admitió que conocía el respaldo de las autodefensas a su campaña política en 2003 y que nunca denunció esa situación ante las autoridades.

“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, afirmó Aguilar Naranjo ante los magistrados de la JEP.

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El exmandatario también señaló que varias candidaturas avaladas por el partido Convergencia Ciudadana habrían contado con apoyo directo de estructuras paramilitares en Santander.

En su declaración, mencionó al exdiputado Nelson Naranjo Cabarique como un candidato “directamente nombrado” por alias Ernesto Báez, además de referirse a presuntas coordinaciones políticas realizadas con integrantes del Bloque Central Bolívar.

La JEP también indagó sobre el incremento patrimonial de Aguilar Naranjo, calculado en cerca de 1.999 millones de pesos entre 2002 y 2015, tema que actualmente es investigado por la justicia ordinaria dentro de un proceso por presunto enriquecimiento ilícito.

Otro de los temas abordados en la audiencia fue el papel que desempeñó Aguilar durante su paso por el Bloque de Búsqueda. Allí negó que esa unidad hubiera recibido financiación de Ecopetrol o del Cartel de Cali.

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Según explicó, los recursos provenían de entidades estatales como la Policía, el Ejército, el extinto DAS y la DEA, agencia estadounidense que —según dijo— aportaba apoyo logístico y dinero para recompensas a informantes.

Durante las diligencias también participaron representantes de víctimas, entre ellos delegados de la Unión Sindical Obrera, USO; la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, y el Ministerio Público.

La magistrada Catalina Díaz Gómez aseguró que el testimonio del exgobernador podría convertirse en una “pieza clave” para esclarecer las relaciones entre estructuras paramilitares y sectores políticos y estatales en el Magdalena Medio y Santander.

Concluidas las audiencias, la Subsala Especial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas analizará si los aportes entregados por Hugo Aguilar cumplen con los estándares de verdad exigidos por la JEP para aceptar su sometimiento y otorgarle beneficios dentro del sistema de justicia transicional.