Por: Javier Flórez y Oscar Rey.
El uso de helicópteros para el transporte del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, secretarios, otros funcionarios y hasta personas no vinculadas a la administración, le está saliendo caro a los santandereanos.
Si bien es cierto que las necesidades de movilidad del jefe del gobierno departamental exigen contar con herramientas que le permitan cumplir su agenda, atender reuniones en los municipios y ser eficiente en su gestión, también es una cruda realidad que el momento fiscal del país, sobre todo de los entes territoriales es muy complejo, no hay alcalde o gobernador que no se queje de la falta de presupuesto para atender las prioridades de sus comunidades, incluso el mismo Díaz Mateus ha lo ha manifestado.
Por otro lado, que la Gobernación cuente con un servicio de transporte aéreo da la posibilidad a las autoridades de atender emergencias o traslados humanitarios, pero justamente por eso el uso de estas capacidades de tan alto costo, sin duda, deben obedecer al principio de austeridad en el gasto y el uso eficiente de los recursos públicos.
En este informe METROPOLITANO revela detalladamente la ejecución del más reciente contrato que adjudicó la Gobernación de Santander para transporte del mandatario en helicóptero: en cinco meses se pagaron 3 mil millones de pesos por vuelos en estas aeronaves.
Pero además, esta revisión periodística deja en evidencia que se habrían presentado servicios que irían más allá del simple traslado del gobernador para cumplir su agenda en el departamento, posibles inconsistencias en el proceso licitatorio, su adjudicación y su ejecución.
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El contrato
En julio del año pasado la Gobernación de Santander suscribió el Contrato 1384 con la Unión Temporal Helicol Volar Santander 2024, con el fin de poder contar el servicio de transporte en helicópteros para el gobernador Juvenal Díaz y su gabinete, en casos en los que por necesidades del servicio y en función de actividades oficiales se requiriera.
Sin embargo, METROPOLITANO revisó detalladamente la documentación del proceso, desde su fase precontractual, encontrando que el millonario presupuesto terminó ejecutándose con servicios de aeronaves no solo para necesidades propias de las funciones del mandatario, sino en trayectos que elevaron costos, con objetivos no claros, y hasta vuelos con pasajeros que no tenían vinculación con la Gobernación.
Tras haberse formalizado el contrato, el uso de helicópteros para todo tipo de traslados del gobernador Díaz Mateus, tanto a municipios de Santander como a destinos nacionales fue tal, que a finales de noviembre, un mes antes de cumplirse el plazo de ejecución previsto, la bolsa de recursos se acabó y tuvo que ser adicionada.
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El proceso no ‘despegó’ bien
En el primer semestre del año pasado, la Secretaría Administrativa de la Gobernación convocó la licitación pública AD-LP-24-06 con el objetivo de contratar el servicio de transporte aéreo para los desplazamientos oficiales del gobernador de Santander y de los funcionarios de la administración departamental. El proceso tuvo un presupuesto inicial de $2 mil millones y se previó una ejecución de cinco meses.
Aunque al cierre de la licitación se presentaron dos oferentes, Nativ Air SAS y la Unión Temporal Helicol Volar Santander 2024, el proceso llegó a su etapa final solo con una empresa habilitada y con un detalle que llama la atención de la que debió ser una competencia entre los proponentes para lograr el millonario negocio pero no fue así.
La propuesta de Nativ Air SAS, una empresa bogotana con más de una década de experiencia en el sector aeronáutico, fue descartada por incumplir un requisito mínimo y obvio en cualquier licitación pública en Colombia como lo es la presentación del Registro Único de Proponentes, RUP.
Por otro lado, no acreditó la propiedad o alquiler de un hangar en Bucaramanga, requisito habilitante en el pliego de condiciones.
De hecho, en la revisión de los documentos de esta fase del proceso se evidencia que no hubo una actitud competitiva de los proponentes.
La Unión Temporal Helicol Volar Santander 2024, integrada por Helicópteros Nacionales de Colombia, Helicol SAS, con el 99 % de participación accionaria; y Gustavo Adolfo Otálvaro López, con el 1 % restante, ni siquiera presentó en su oferta los estímulos a la industria nacional, personal de discapacidad o el fomento de emprendimiento liderados por mujeres, puntajes adicionales que son decisivos en los procesos licitatorios y que son ampliamente conocidos por los contratistas.
Así las cosas, el 26 de julio del 2024 la secretaria Administrativa de la Gobernación, Sandra Patricia Quirós, adjudicó el contrato 1384 a la Unión Temporal Helicol Volar Santander 2024, para el transporte aéreo del gobernador Juvenal Díaz y sus secretarios, según la necesidad, con el monto presupuestal y el tiempo anunciado
Sobre la fase precontractual, en la documentación subida oficialmente a la plataforma de contratación Secop hay otro detalle, se evidencia que los estudios previos fueron hechos teniendo únicamente como base las cotizaciones que aportaron las empresas Helicol SAS y Nativ Air SAS, las mismas firmas que terminaron presentándose en la licitación.
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Helicóptero para vuelos nacionales
Aunque el objeto del contrato establecía que se prestarían «servicios de transporte aéreo para los desplazamientos oficiales del gobernador de Santander y de los funcionarios de la administración departamental», es decir, no especifica el radio de acción para su ejecución, en los estudios previos, con los que se justifica la necesidad, se manifiesta explícitamente que se utilizaría en el territorio del departamento de Santander.
Lo anterior no solo configuraría una inconsistencia en el proceso sino que riñe con el uso que el mandatario le dio a los recursos, viajando en helicóptero a distintas ciudades del país.
Por ejemplo, el 14 de agosto de 2024, cuando un helicóptero BELL 412 (omitimos identificación de la aeronave por motivos de seguridad) viajó desde Bogotá a Bucaramanga con un solo pasajero, por este servicio, de un solo trayecto, se pagaron $37 millones.
Dos días después (16 de agosto) un largo itinerario de vuelos en helicóptero, que incluyó el traslado del gobernador Díaz y una comitiva hasta la ciudad de Armenia, según quedó documentado, para asistir a un Congreso de la Reserva Activa, terminó costando más de cien millones de pesos.
Esta seguidilla de vuelos se realizó en el mismo helicóptero BELL 412. La aeronave hizo un vuelo inicial Bucaramanga – Aratoca, donde estuvo tres horas, posteriormente voló al municipio de Villanueva, donde el gobernador desarrolló una agenda de dos horas y media.
A las 2:00 de la tarde el mandatario abordó nuevamente la aeronave rumbo a Puerto Berrio (Antioquia), allí se hizo una parada para tanquear. A las 3:20 de la tarde la aeronave partió rumbo a Ibagué, de donde, según el informe de vuelo, despegó inmediatamente hacia Armenia, a donde aterrizó a las 5:32 de la tarde.
Hasta aquí la travesía tuvo un costo total 102 millones 427 mil pesos.
Pero el viaje no terminó allí. Según los informes de vuelos del contrato, al día siguiente (17 de agosto), el gobernador y su comitiva, integrada por siete personas, voló en el helicóptero a las 2:30 de la tarde desde Armenia hasta Bogotá, cumplió compromisos y luego desde la capital del país hasta San Gil, donde pernoctó.
Este otro itinerario sumó una factura de 67 millones 520 mil pesos al contrato.
Extrañamente, el 18 de agosto el helicóptero BELL 412 que se utilizó en todos los desplazamientos del gobernador y su comitiva en los dos días anteriores regresó desde San Gil al aeropuerto Palonegro, en Bucaramanga, sin pasajeros, aún así ese trayecto significó un pagó de 9 millones 360 mil pesos.
Conclusión, la Gobernación de Santander pagó más de $180 millones (casi el 10 % del valor total del contrato), por un itinerario de dos días que a todas luces tuvo como uno de los principales objetivos que el gobernador Juvenal Díaz pudiera asistir al evento de la Reserva Activa en Armenia.
Pero el anterior caso no fue el único viaje de largo aliento que el mandatario hizo en helicóptero a cargo del contrato 1384.
Un par de semanas después el gobernador voló en un BELL L3 (omitimos matrícula) desde Bucaramanga rumbo a Bogotá y de la capital del país en la misma aeronave hacia Cartagena, donde asistió al Congreso Nacional de Minería. Tras su intervención en el evento, el gobernador Díaz Mateus retornó a Bucaramanga sobre las 2:00 de la tarde.
Sin embargo, la utilización del helicóptero no terminó allí. A las 4:00 de la tarde volvió a despegar con destino nuevamente a Bogotá, donde aterrizó una hora más tarde, y solo cuatro minutos después, según el reporte oficial, la aeronave regresó a Bucaramanga, siempre con tres pasajeros a bordo.
Esta nueva travesía tuvo una duración de 6 horas y un costo cercano a $100 millones.
El 14 de septiembre, el gobernador Díaz Mateus volvió a utilizar los helicópteros contratados a Helicol para un nuevo viaje de largo aliento fuera del departamento de Santander.
Esta vez un BELL 412 lo recogió en Barrancabermeja para trasladarlo a Bucaramanga, y desde la capital santandereana voló a la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, sur del país, donde estuvo hasta las 4:00 de la tarde, hora en la que despegó nuevamente con destino a Bucaramanga.
Este servicio tuvo un costo superior a los $44 millones.
Solo para estos cuatro viajes con itinerarios que incluyeron destinos nacionales, la Gobernación pagó más de $357 millones, todo en menos de un mes.
Inconsistencias en el proceso
Si se tiene en cuenta la estructuración del contrato para el uso de helicópteros al servicio del Gobernador de Santander, los traslados fuera del territorio del departamento configurarían una inconsistencia o irregularidad en el proceso.
Revisando la documentación oficial, METROPOLITANO confirmó que en los estudios previos, en el pliego de condiciones e incluso en el mismo contrato, siempre se estableció que el servicio de transporte aéreo del gobernador y funcionarios se ejecutaría exclusivamente en Santander. Es decir, el alcance del contrato no contemplaba desplazamientos a otros departamentos del país.
La inconsistencia se evidencia entre los estudios previos y el pliego de condiciones que dio vida jurídica al Contrato 1384 de 2024. Mientras en los estudios previos siempre se contempló que el servicio de transporte aéreo solo se ejecutaría en el departamento de Santander, en el pliego de condiciones definitivos la Secretaría Administrativa departamental modificó este ítem y agregó la ciudad de Bogotá, como parte de la jurisdicción a cubrir para los servicios de transporte aéreo.
Dos abogados especialistas en contratación pública consultados para este informe coincidieron en que lo anterior sería una irregularidad en el proceso, pues el pliego de condiciones debe ir en concordancia con los estudios previos. Es decir, si los estudios y el pliego anuncian que el contrato se ejecutará en Santander, no podrían hacerse vuelos fuera del departamento.
En varias oportunidades este medio buscó a la secretaria Administrativa de la Gobernación, Sandra Patricia Quirós, para obtener respuestas a los interrogantes que plantea la revisión documental, pero la funcionaria no respondió llamadas ni mensajes.
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Un vuelo sin funcionarios
Aunque el contrato 1384 de 2024 especifica que el uso de las aeronaves contratadas por el departamento solo sería para traslados del gobernador o funcionarios de la administración departamental en misiones propias del servicio, un vuelo en helicóptero dentro del área metropolitana de Bucaramanga el 20 de noviembre del año pasado genera dudas, pues según el reporte entregado por la empresa contratista, transportó a personas que no tienen vinculación con la Gobernación.
Se trata de un servicio realizado con el helicóptero BELL L3 de placas HK-4306, que despegó desde Bucaramanga hasta las instalaciones de la Finca Asturias, una sede de la Policía Metropolitana ubicada sobre el Anillo Vial, en el municipio de Floridablanca.
Según el informe de vuelo subido al Secop, en el helicóptero fueron transportados Israel Andrés Barragán, actual secretario de Planeación de Floridablanca; Carlos Andrés Naranjo Burgos, Camilo Andrés Montes Cubillos, quien para la fecha era contratista de la Alcaldía de Floridablanca, actualmente contratista en las Unidades Tecnológicas de Santander; Edward Ramiro Mejía Lozano; y Ancizar Casanova, reconocido asesor político en la región.
Fuentes en la Gobernación de Santander confirmaron a METROPOLITANO que ninguna de las cinco personas que aparecen en el registro tenían en la época relación laboral o funcional con la administración departamental. En los documentos del vuelo tampoco aparecen nombres de secretarios de despacho, funcionarios y menos el del gobernador Juvenal Díaz.
La solicitud del servicio fue realizada por Luz Adriana Lamus Aguilar, supervisora del contrato, quien en la minuta del 20 de noviembre de 2024 autorizó el uso de la aeronave para el transporte de las cinco personas.
Por este vuelo la Gobernación pagó más de $6 millones.
Consultada por METROPOLITANO para obtener una explicación sobre las dudas del vuelo, Lamus aseguró que de los cinco pasajeros relacionados solo conoce a Israel Andrés Barragán, por su labor como secretario de Planeación de Floridablanca.
En su respuesta la supervisora Lamus hizo énfasis en el caso del asesor político Ancizar Casanova. «el señor Casanova no hizo parte del vuelo. La aeronave solo pudo salir al recorrido con tres personas porque la capacidad de la pista en la finca (Asturias) no permite a la aeronave salir con más peso para realizar la maniobra de despegue. El señor en mención no ingresó ni siquiera a la finca«, manifestó.
Por su parte Ancizar Casanova dijo a este medio: «No tengo ni idea por qué aparece mi nombre, jamás he tenido vuelos en helicóptero ni nada con la Gobernación«.
Sobre las posibles inconsistencias en los oficios del 11 y 30 de octubre en los que se registra que el gobernador haría parte del vuelo pero terminaron viajando otras personas, la funcionaria afirmó que «solo se trata de un formato estándar«.
Sandra Patricia Quirós, secretaria Administrativa de la Gobernación, y Luz Adriana Lamus, supervisora del contrato, son identificadas como muy cercanas al representante a la Cámara, Luis Eduardo Díaz Mateus, hermano del gobernador.
Costoso cambio de base
Si bien uno de los requisitos habilitantes exigidos para el contrato era que el oferente contara con un hangar en Bucaramanga, ya fuera propio o en arriendo, para asegurar que el aeropuerto Palonegro fuera el centro de operaciones de las aeronaves, el gobernador Díaz, durante los cinco meses de ejecución, no se trasladó hasta Lebrija para tomar los vuelos, y siempre solicitó sus vuelos salieran de la sede de la Quinta Brigada del Ejército, ubicada al nororiente de Bucaramanga.
Según los registros del contratista, en al menos 48 viajes realizados bajo el contrato 1384 de 2024, los vuelos tuvieron como base la unidad militar donde se recogía o se dejaban al gobernador Díaz Mateus y su comitiva.
Este detalle del traslado de las aeronaves a la sede de la Quinta Brigada lógicamente incrementó el valor de las facturas de cobro, pues el costo de cada trayecto se calculaba desde el momento del despegue de cada aeronave del aeropuerto (a 20 minutos de Bucaramanga).
La Gobernación de Santander pagó cerca de $121 millones por los traslados de las aeronaves del aeropuerto al cantón militar, trayectos que siempre iban sin pasajeros.
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Millonaria adición
A raíz de lo que podría considerarse un excesivo uso de los helicópteros por parte del gobernador, funcionarios y hasta particulares en el marco de este contrato, a finales de noviembre del 2024, un mes antes de cumplirse el plazo de ejecución, la Secretaría Administrativa de la Gobernación tuvo que adicionar su valor para garantizar la ejecución en último mes del 2024.
En el otrosí al contrato 1384 de 2024 se adicionaron mil millones de pesos más, el 50 % del valor inicial, (lo máximo permitido por la ley), para poder movilizarse en los últimos días de la vigencia 2024.
«El contrato mencionado se ejecuta a través del monto agotable y su inicio fue el día primero de agosto del 2024 con un plazo de ejecución establecido hasta el 30 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, contrato que a la fecha se encuentra vigente. Según el informe de supervisión presentado a este despacho por Luz Adriana Lamus Aguilar, auxiliar administrativa de libre nombramiento del Departamento de Santander, manifestó la necesidad de seguir contando con la prestación del servicio de transporte aéreo para los desplazamientos oficiales del gobernador de Santander y demás funcionarios, teniendo en cuenta que está próximo a agotarse los recursos presupuestales inicialmente definidos para el proceso contractual«, se lee en el documento.
En la mencionada modificación contractual, la Unión Temporal Helicol Volar Santander 2024 también cambió, Gustavo Adolfo Otálvaro quien ostenta el 1 % de la Unión Temporal ya no firmó a nombre propio, como lo hizo en el contrato original, sino que esta vez lo realizó como representante legal de la firma Hangar 29 SAS, pero manteniendo la participación mínima en el consorcio empresarial temporal.
Ante este escenario, la Unión Temporal Helicol Volar Santander 2024 quedó finalmente integrada por Helicol SAS, (que está en proceso de reestructuración desde la crisis de la pandemia), con el 99 % de participación, y Hangar 29 SAS, con el 1 %.
Si bien ambas firmas fueron constituidas en Colombia y están representadas legalmente por connacionales, actualmente son controladas por dos compañías panameñas.
Nota del editor: como parte del trabajo de investigación para este informe, los periodistas de METROPOLITANO intentaron en varias oportunidades, por más de una semana, comunicarse con el gobernador Juvenal Díaz para obtener su versión sobre las dudas e inconsistencia que plantea la ejecución del contrato de los helicópteros, pero el mandatario no aceptó responder.
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