El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, acaba de obtener un triunfo judicial en primera instancia que le permite continuar como mandatario de los bumangueses con plenas facultades. El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de una demanda de nulidad y mantuvo en firme su elección para el periodo 2025 – 2027.

Después de casi un año de proceso en estrados, el Tribunal Administrativo de Santander no le dio la razón a los demandantes, lo que deja en firme (en primera instancia) la elección de Portilla.

Aunque el texto de la decisión no se ha conocido porque aún están en el trámite regular de firmas de los magistrados, el alto tribunal notificó a través de su plataforma oficial de comunicaciones que desestimó los argumentos de la parte demandante.

El argumento que exponían los demandantes era que la elección de Portilla estaba viciada toda vez que la inscripción de su candidatura había transgredido las normas y las leyes. Además, se exponía una presunta inhabilidad para ejercer como alcalde derivada de una de sus actuaciones como secretario privado del exalcalde Jaime Beltrán (a quien le fue anulada su elección por doble militancia).

Contexto:

• Procuraduría pide no suspender elección de Cristian Portilla como alcalde de Bucaramanga
• Coalición beltranista no pudo cambiar de candidato y revivió aspiración de Cristian Portilla para las atípicas

Con esta decisión del máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo, Portilla continuará ejerciendo su cargo como alcalde de Bucaramanga, la parte demandante podrá apelar el fallo para que sea estudiado en segunda instancia por el Consejo de Estado.

Concepto de la Procuraduría

Semanas atrás la Procuraduría General de la Nación le había pedido al Tribunal Administrativo de Santander que no suspendiera la elección de Cristian Fernando Portilla como alcalde de Bucaramanga, al concluir que en esta etapa del proceso no hay pruebas claras y contundentes que demuestren irregularidades que ameriten una medida cautelar.

El concepto del Ministerio Público se dio justamente en el proceso de la demanda de nulidad electoral que cuestiona su elección para el período 2024-2027, por presuntas fallas en la inscripción de la candidatura y una supuesta inhabilidad relacionada con el ejercicio de funciones administrativas antes de los comicios.

Según la Procuraduría, no toda irregularidad en la inscripción constituye una causal de nulidad electoral, además, las pruebas allegadas hasta ahora no demostrarían que los posibles errores formales hayan tenido incidencia directa en el resultado electoral.

Sobre la presunta inhabilidad, el organismo recordó que la supervisión de contratos y la participación en comisiones internas no equivalen, por sí solas, al ejercicio de autoridad civil o administrativa.