Un año después de que la confrontación armada se recrudeciera en el Catatumbo, la región del nororiente colombiano enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente. Según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), más de 100.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en 2025 como consecuencia de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

La ONG alertó que el conflicto, lejos de disminuir, mantiene una intensidad creciente que ha dejado muertos, desplazamientos masivos y comunidades confinadas. “Tras un año de hostilidades, la población del Catatumbo está perdiendo la esperanza. El Gobierno colombiano y la comunidad internacional deben redoblar sus esfuerzos para garantizar protección, educación, alojamiento seguro y medios de vida”, afirmó Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia.

El Catatumbo, una región conformada por municipios como Tibú, El Tarra, Convención, Teorama y Sardinata, alberga a unas 200.000 personas que hoy viven bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte. De acuerdo con el NRC, más de la mitad de esta población ha sido desplazada, y quienes intentan regresar lo hacen sin garantías reales de seguridad.

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La actual escalada de violencia se remonta al 16 de enero de 2025, cuando el Eln inició una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc, motivada por el control territorial y de economías ilícitas. Ese mismo día, en al menos 12 puntos de Tibú, El Tarra, Convención y Teorama, se registraron incursiones armadas que derivaron en asesinatos selectivos y el desplazamiento masivo de familias enteras.

De acuerdo con cifras del Puesto de Mando Unificado, 91.726 personas han salido desplazadas hacia los cascos urbanos de Tibú, Ocaña y Cúcuta. Muchas de ellas, ante la falta de atención integral y las precarias condiciones en los lugares de acogida, decidieron regresar a sus territorios pese al riesgo. A esto se suman al menos 283 personas confinadas en el municipio de El Tarra, especialmente en el corregimiento de Filogringo, una zona prácticamente deshabitada por la intensidad de los combates.

En materia de homicidios, las autoridades reportan al menos 166 personas asesinadas, de las cuales 147 serían civiles. Sin embargo, líderes sociales y defensores de derechos humanos advierten que la cifra real podría superar las 600 víctimas, al no incluirse las muertes ocurridas entre los grupos armados.

El impacto del conflicto también se refleja en la vida cotidiana de las familias. Una mujer desplazada relató que tuvo que decirle a sus cuatro hijos que las explosiones que escuchaban eran “globos de juguete”. “No puedo soportar que mi hijo crezca atormentado por el mismo terror que me persigue cada día”, señaló.

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La organización humanitaria denunció además prácticas que agravan la vulnerabilidad de la población civil, como la imposición de normas de vestimenta. “Hemos recibido informes de familias desplazadas obligadas a no usar ropa oscura para no ser confundidas con objetivos militares. Estas prácticas no protegen a los civiles, los ponen directamente en la línea de fuego”, advirtió Rizzo.

Desde la Iglesia católica, el obispo de Tibú, monseñor Israel Bravo, aseguró que la continuidad de la guerra impide una vida normal en el campo y bloquea el retorno seguro de las comunidades. “El ambiente es de tensión permanente. Hay una guerra declarada a muerte y eso genera mucho miedo”, afirmó.

En medio de este panorama, comunidades desplazadas que intentan resistir en refugios humanitarios, como el instalado en el sector de Bertrania entre Tibú y El Tarra, denuncian que permanecen en uno de los puntos más neurálgicos del conflicto. “En varias oportunidades hemos estado en medio de las balas que incluso han tocado el refugio, pero acá seguimos”, contó un integrante de una de las comunidades afectadas.

La crisis se agrava con el aumento del reclutamiento forzado de menores y jóvenes, un fenómeno que, según la Defensoría del Pueblo, tiene en Norte de Santander uno de sus principales focos en el país. Aunque no siempre hay denuncias formales, líderes sociales aseguran que decenas de familias abandonan la región para evitar que sus hijos sean llevados por los grupos armados.

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A esto se suma la caída de los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica y de conmoción interior declarada para el Catatumbo, los cuales fueron tumbados por la Corte Constitucional, afectando proyectos de inversión social y sustitución de cultivos ilícitos.

Ante este escenario, el NRC reiteró su llamado a los actores armados para que cesen los ataques contra la población civil y respeten el derecho internacional humanitario, mientras que la Defensoría del Pueblo anunció la realización de una audiencia en la región para exigir al Gobierno nacional decisiones urgentes que permitan frenar una crisis que, un año después, sigue sin tregua.

En las últimas semanas, el endurecimiento del conflicto ha tenido como epicentro a Filogringo, en El Tarra. Lo que ha vivido este corregimiento es la muestra más cruda del deterioro humanitario en el Catatumbo.

“Casas destruidas por artefactos explosivos. El pueblo está lleno de vainillas y restos de artefactos explosivos expuestos en las calles, en el polideportivo, en los locales comerciales”, señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien junto a representantes de la Iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU conformaron la Comisión Humanitaria del Catatumbo que visitó la región.