El peaje La Punta, puerta de entrada a la Mesa de Los Santos, la región de mayor desarrollo turístico y económico de Santander en los últimos años, está hoy en medio de una controversia por cambios en su operación, el recaudo y las inversiones en vías que necesita su zona de influencia.
La Gobernación de Santander ha venido tomando decisiones sobre la operación de la caseta de cobro que han suscitado críticas, descontento y dudas de campesinos, empresarios y asiduos visitantes que deben pagar la tarifa para llegar a casas de campo, conjuntos residenciales o al municipio de Los Santos.
El peaje, que fue instalado hace más de 40 años, ha sido objeto de cuestionamientos desde hace dos décadas cuando durante la administración del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo se entregó su operación y recaudo a un concesionario que, según la Cámara de Comercio de Bucaramanga, recaudó más de lo calculado pero no cumplió con su principal objetivo: el mejoramiento de vías secundarias y terciarias.
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Ese contrato terminó en la primera semana de enero, la Gobernación asumió el control del peaje por cinco meses, pero desde el pasado 11 de junio el recaudo fue adjudicado a una unión temporal directamente ligada con la multinacional Thomas Greg & Sons de Colombia SA, la misma involucrada en el escándalo nacional del contrato para la fabricación de pasaportes.
METROPOLITANO detalla en este informe los cambios en la administración del peaje en los últimos meses, cuestionamientos en el proceso de adjudicación del nuevo contrato, la explicación de la Gobernación y el descontento de los habitantes de La Mesa.
El nuevo manejo del peaje
Luego de 20 años de estar concesionado a la firma Construvicol y haber terminado el contrato de operación del peaje La Punta, la Gobernación de Santander decidió pedir autorización a la Asamblea y asumir directamente la operación de la caseta de cobro.
Aunque la administración departamental insiste en que el cambio de operación revestirá de mayor transparencia la inversión de los recursos recaudados, se han escuchado voces criticas a los procesos licitatorios de este año y advertencias de posibles sobrecostos en la operación que tienen a un sector de los habitantes de La Mesa con un creciente descontento.
En los últimos meses se han registrado protestas por la falta de mejoramiento de la infraestructura vial.
Aunque se sabía públicamente que el contrato terminaría en los primeros días de enero de 2025, la administración departamental, que tuvo un año para planificar el futuro del cobro, tomó decisiones a último momento y asumió directamente la operación del peaje, argumentando que buscaba darle transparencia y eficacia a la inversión de los dineros recaudados, sin embargo, el modelo no ha sido claro, tanto así que ahora lo entregó por algunos meses a un privado.
El gobernador Juvenal Díaz ha sido insistente en que quiere que el peaje tenga una administración óptima y permanentemente se refiere al tema entregando las cifras del recaudo. De hecho, ordenó habilitar una página web en la que veedurías y ciudadanía puedan ver las cifras actualizadas.
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Pero en estos primeros meses de 2025 la administración del recaudo del peaje en manos de la Gobernación ha tenido críticas por los procesos contractuales que se han adelantado. En la revisión de la documentación para este informe METROPOLITANO pudo constatar, por ejemplo, que la firma Thomas Greg & Sons de Colombia ha sido protagonista y beneficiada.
En la actuación más reciente, el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, en un proceso licitatorio que se adelantó en medio de críticas, le entregó un nuevo contrato por más de $2.134 millones a dos empresas filiales de la multinacional, para que continúe con el recaudo del peaje por lo que resta del año.
Todo esto se ha dado en medio del descontento de la comunidad y empresarios que están denunciando que los costos que se pagarán al nuevo operador serían demasiado altos y no sienten garantías para solucionar su mayor problema, el mal estado de las vías que todos los días transitan.
Nota de contexto: Gobernación asumirá recaudo del peaje en Mesa de los Santos mientras define plan de inversión
Cambio de operador
El peaje La Punta fue creado en 1984 con el fin de obtener recursos para el desarrollo turístico y vial de la Mesa de Los Santos. Sin embargo, 41 años después la caseta de cobro se ha convertido en un dolor de cabeza para la movilidad de habitantes y turistas pues, a pesar de un aumento exponencial en el recaudo en los últimos años, la inversión en la malla vial y la infraestructura del peaje ha sido mínima.
Aunque en los primeros 20 años de funcionamiento la caseta de cobro era operada por la propia comunidad a través de la Fundación para el Desarrollo de la Mesa de Los Santos, Fundemesa, todo cambió a finales del 2004 cuando el entonces gobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, le retiró la concesión a esa organización social, que para muchos al estar conformada por la misma comunidad realizaba una buena administración.
Así las cosas, a través del contrato 368 de 2004 el manejo del peaje se concesionó a la firma Construvias de Colombia, Construvicol LTDA, propiedad del polémico empresario Reynaldo Bohórquez, por 20 años, un contrato de $57 mil millones, un ‘Frankenstein’ que más que una concesión tenía características de un contrato de obra.
Según lo convenido, Construvicol se comprometía a ejecutar la pavimentación, mantenimiento, construcción, mejoramiento y rehabilitación de varias vías, además de la conservación y pavimentación de 20 kilómetros de carreteras terciarias, pero según los habitantes de La Mesa eso no se cumplió.
El aumento exponencial en el turismo y la demanda habitacional en la Mesa de Los Santos elevó considerablemente el paso de vehículos por el peaje y Construvicol terminó recaudando casi cuatro veces más de lo proyectado en los 20 años de concesión.
Hoy, en promedio pasan por el peaje 2.300 vehículos al día. La tarifa para vehículos convencionales es de $8.600 por cada cruce.
Un reciente informe de la veeduría permanente que realiza la Cámara de Comercio de Bucaramanga documenta que mientras que el presupuesto inicial de la concesión era de $57.560 millones, al terminar los 20 años de operación el recaudo superaba los $226 mil millones, lo que significó un 394 % adicional a lo inicialmente proyectado.
Los informes de la Cámara de Comercio han revelado que a pesar del vertiginoso incremento en el recaudo Construvicol no cumplió con la totalidad de las obras a ejecutar en la Mesa de Los Santos y que en los 20 años de concesión solo ejecutó 43 kilómetros de los 100 kilómetros que requería el proyecto, es decir, el indicador de cobertura únicamente alcanzó el 43 %.
“La vía no quedó completamente restaurada tras 20 años de concesión. Falta de claridad en aspectos técnicos y calidad de las obras al momento de la entrega. Además, no se pavimentaron 4 km de vías veredales, no se repavimentó la vía principal cada 5 años, como estaba previsto. Los últimos 4 km hacia Los Santos siguen sin repavimentación y no se estabilizaron varios taludes en la vía El Buey-Peaje”, concluyó la veeduría contractual.
Todo esto al margen de un creciente problema: la gran congestión vehicular que se presenta todos los fines de semana en el peaje por la reducida capacidad y poca modernización de las casetas de cobro, hoy el peaje de La Mesa solo tiene un carril de paso en cada sentido, la infraestructura ha tenido muy pocas modificaciones y el trancón del retorno de la zona turística cada fin de semana es monumental.
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El nuevo contrato
Ante este panorama la administración departamental no renovó a Construvicol el contrato del peaje La Punta y, ya sobre el tiempo, asumió directamente el recaudo, inversión y ejecución de las obras viales en su zona de influencia.
Para tal fin acudió a la Asamblea y a través de la Ordenanza 056 de 2024 se le permitió modificar el Estatuto Tributario. Con esta reforma el departamento pudo incluir dentro de sus rentas los ingresos producto del recaudo en el peaje.
Aunque el 5 de enero de este año la Gobernación asumió la operación del peaje, inmediatamente tuvo que delegar el recaudo, administración y operación ya que no contaba con el personal calificado ni equipos necesarios para dicha labor.
Sin embargo, llamo la atención de expertos que la administración departamental no recurrió a una licitación pública para resolver la necesidad sino que prefirió una contratación directa, algo similar a un contrato de prestación de servicios, que según expertos consultados, podría configurar una irregularidad.
El 2 de enero del 2025 la secretaria Administrativa del departamento, Sandra Patricia Quirós, publicó los estudios previos para contratar los servicios de recaudo, administración y operación del peaje de La Mesa, un contrato con un presupuesto de $383 millones y un plazo de ejecución de tres meses.
Se trató de un proceso ‘flash’, realizado en pocas horas, al que solo se presentó la firma Thomas Instruments SA como interesada en ejecutar el contrato.
En la trazabilidad del proceso quedó registrado un detalle que llamó la atención de veedores, la carta de presentación de Thomas Instruments fue radicada el 30 de diciembre del 2024, es decir, dos días antes de que la administración departamental hubiera dado inicio al proceso contractual.
Así las cosas, el 2 de enero, el mismo día que se aperturó el proceso, la Secretaría Administrativa de la Gobernación avaló la propuesta de Thomas Instruments y al día siguiente, 3 de enero, suscribió el contrato.
Contratación a través del Idesan
A pesar de algunas voces que cuestionaron la insistencia de la administración departamental de recurrir a la contratación directa y no hacer una licitación, en marzo pasado la Gobernación firmó el convenio interadministrativo 7667217 con el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, con el fin de que el ente descentralizado fuera el encargado de ejecutar las actividades referentes a la operación del peaje.
El convenio, firmado por valor de $2.600 millones, tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre
Si bien el Idesan asumió la operación del peaje La Punta, esta entidad tampoco cuenta con personal ni los equipos necesarios para realizar el recaudo y la ejecución de las obras viales financiadas con dichos recursos.
Por lo anterior, el pasado 9 de abril el Idesan convocó el proceso licitatorio LP-IDESAN-001-2025 con el fin de contratar la “ejecución mediante el sistema de precio global fijo de la operación administración recaudo de peajes y de las estaciones de pesaje en la punta de la Mesa de Los Santos”.
El valor inicial del contrato es de $2.140 millones y tiene un plazo de ejecución de 226 días, es decir, siete meses y medio.
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A pesar de varias observaciones de interesados en participar en el proceso licitatorio, que advertían deficiencias que afectaban la transparencia y la pluralidad de oferentes, como la falta de ajuste del formato de presentación de la oferta, dudas en la asignación del puntaje de la propuesta económica o el tiempo tan ajustado del proceso, el Idesan no realizó mayores modificaciones al pliego de condiciones.
Finalmente, solo se se presentó la Unión Temporal Recaudo La Punta 2025, integrada por las firmas Thomas Instruments SA (que desde enero venía operando el recaudo del peaje) con el 75 % de participación accionaria, y Seguridad Móvil de Colombia SA, con el 25 % restante.
Thomas Instruments también presentó una serie de observaciones al pliego de condiciones del proceso licitatorio, sin embargo, a diferencia de las otras firmas que también presentaron sus reparos, el Idesan acató casi todas las observaciones presentadas por el oferente que viene ejecutando el contrato anterior.
Así las cosas se evaluó la única propuesta presentada, la de la Unión Temporal Recaudo La Punta 2025, que obtuvo 81 de 100 puntos posibles, los 19 restantes los perdió en la evaluación de calidad.
El pasado 11 de junio el Idesan, a través de su gerente Néstor Augusto Salcedo, firmó el contrato 041 con la Unión Temporal Recaudo La Punta 2025, representada legalmente por Martha Elizabeth Munar Casas, para que realice el recaudo del peaje de La Mesa, por valor de $2.134 millones y un plazo de siete meses y medio, es decir, el contrato finaliza el 31 de diciembre.
La polémica de Thomas por los pasaportes
METROPOLITANO constató que las firmas integrantes de la Unión Temporal Recaudo La Punta 2025, son filiales de Thomas Greg & Sons de Colombia SA, sociedad constituida en 1959, que se vio envuelta en el escándalo del presunto direccionamiento del contrato para la fabricación de pasaportes en el país, una denuncia hecha por el propio presidente Gustavo Petro.
Según los registros mercantiles Thomas Instruments fue constituida en 1992 a través de la escritura pública de 1925 por Mauricio Gutiérrez Jaramillo y Jaime Eduardo Plaza de León, bajo el nombre de Peaje Ltda. Al año siguiente ambos socios cedieron sus cuotas a las sociedades de La Rue Transportadora de Valores SA; Thomas de la Rue de Colombia SA, y a Bautista Palacio Butapa LTDA, por $36 millones.
Cinco años después, la compañía pasó a ser controlada por Thomas Greg & Sons de Colombia SA, firma que protagonizó la controversia de los pasaportes, que aún no se ha cerrado. El escándalo fue tal, que incluso le costó el cargo al entonces canciller Álvaro Leyva
La firma Seguridad Móvil de Colombia, que ostenta el 25 % de la participación en la Unión Temporal Recaudo Peaje La Punta 2025, también tuvo cambios en su propiedad similares a Thomas.
Fue constituida el 26 de abril de 1979 en Bogotá por Salvador Otero Ospina (en representación de Wackenhut de Colombia, sucursal de la empresa americana del mismo nombre) Carlos Holguin Holguín, Manuel José Arzola Escobar (Grancolombiana de Promociones SA); Fernando Senior Calle (Inversiones y Negocios Grancolombiana Ltda. Distribuidora Metropolitana SCA, Indismetro); y Antonio José Escovar Restrepo, (Títulos Grancolombiano SA), con un capital de $100 mil.
Ya para la década de los 90 Seguridad Móvil de Colombia fue absorbida por Thomas Greg & Sons SA.
Reclamos de habitantes de La Mesa
Las recientes movidas administrativas y contractuales con el peaje de La Mesa han causado descontento entre algunos sectores de la región.
Además de varias protestas que se han realizado este año, METROPOLITANO conoció un oficio firmado por dirigentes empresariales y presidentes de juntas de acción comunal de varias veredas de Los Santos y Piedecuesta quienes declinaron la postulación para representar a su comunidad y hacer parte del Comité Consultivo para las inversiones con el recaudo del peaje, hay desconfianza.
“Antes de defraudar el voto de confianza depositado por las JAC y por los diferentes gremios de la región, preferimos dar un paso al costado y abrir espacio a otros liderazgos que tengan mayor capacidad de entendimiento y concertación”, se lee en la carta firmada por siete líderes comunitarios, dirigida al gobernador Juvenal Díaz.
En su declaración los líderes comunales y empresarial afirman que a pesar de que el peaje haya pasado a manos de la administración departamental la comunidad continúa siendo ignorada en la toma de decisiones con respecto a la destinación e inversión de los dineros recaudados en la caseta de cobro de La Punta.
Según Arlington Bolaños, presidente de la JAC de la vereda Mesitas, en los cinco meses de administración del peaje de La Punta por parte de la Gobernación los costos administrativos y de operación aumentaron el doble, mientras que las vías continúan abandonadas.
Bolaños dice que en el presupuesto de inversión del año 2024, que fue aprobado por la Secretaría de Infraestructura, el supervisor del contrato y el mismo Construvicol e interventor, se ve claramente que para gastos de operación Construvicol destinó $1.046 millones y que el nuevo contrato registra valores exagerados.
«Para nosotros es descabellado que ahora la Gobernación saque una licitación pública para el mismo gasto de operación, pero por $2.400 millones, lo que claramente supera más del doble de lo que Construvicol se gastó el año pasado para dicho gasto de operación”, reclamó Bolaños entrevistado por METROPOLITANO.
Para el líder comunal los costos administrativos del peaje de La Mesa en el nuevo contrato a la unión temporal incluso son mayores teniendo en cuenta que la licitación adjudicada por el Idesan solo es para siete meses de ejecución.
“Si contrataron la operación del recaudo por $2.400 millones por solo siete meses, quiere decir que en el año irían a gastar cerca de $4 mil millones, una cifra completamente desbordada a los valores que venía cobrando Construvicol por ese mismo servicio”, agregó el dirigente comunal.
El oficio está firmado por representantes de las veredas La Navarra, La Holanda, El Duende, La Esperanza, Mesitas y Los Cacaos.
Los argumentos en la Gobernación
METROPOLITANO intentó comunicarse con Sandra Quirós, secretaria Administrativa de la Gobernación, ordenadora del gasto del primer contrato de Thomas Instruments y gestora del convenio con el Idesan para la operación del peaje, pero no hubo respuesta a los mensajes y llamadas.
Quedaron por responder preguntas como: ¿Por qué terminado el contrato con Construvicol la Gobernación hizo una contratación directa, tipo contrato de prestación de servicios, y no una licitación para un proyecto tan importante como el peaje La punta?, y ¿Por qué se tercerizó a través del Idesan la contratación del recaudo y operación del peaje si esa entidad tampoco tenía el personal y equipos necesarios, por lo que tuvo que contratarlo con un privado?, entre otras.
Quien sí respondió fue la secretaria de Infraestructura, Jessica Mendoza, quien defendió la transparencia en los diferentes procesos contractuales desde que la Gobernación asumió la operación del peaje La Punta.
Según la secretaria Mendoza, con la anterior concesión la empresa encargada de la operación y administración de los recursos durante 20 años del peaje de Los Santos cobraba 41 % de administración, solo se invertía en obra el 59 %. Esto cambió con la toma de control por parte de la Gobernación.
Justificó que el gobierno departamental, por no contar con el personal ni con los equipos para cubrir dicha operación, tuvo que contratar la prestación de servicio para la operación del peaje.
“En el momento que se le finaliza el contrato de concesión se toma la decisión de operar el peaje La Punta, precisamente con el fin de bajar costos de administración«, señala.
Pero explicó que al revisar las actividades mínimas que se requerían para que una estación de peaje funcione 24/7 de lunes a domingo, era necesario tener un equipo de personas para recaudar el dinero (asegurar el recaudo con personal CPS no era posible porque debían cumplir con turnos laborales y la figura no lo permite).
Otro punto era la vigilancia (la gobernación ya no podía contratar porque hay un proyecto en ejecución) y el peaje necesita servicio de seguridad.
El transporte del recaudo era otro inconveniente, se debía contratar un carro de valores por seguridad para transportar el dinero y tener un responsable de consignar el recurso.
Y finalmente el operador del software, el mecanismo tecnológico para el recaudo electrónico.
La secretaria de Infraestructura insistió en que los procesos se surtieron cumpliendo las normas de transparencia.
“Tenemos un buen hábito, y por principio de transparencia se están publicando los reportes diarios en la página de la Gobernación, eso ha generado nuevamente confianza por parte de la comunidad hacia la institucionalidad, es con ellos con quienes hemos estado socializando cada decisión que se requiere tomar en la administración departamental. Ahora avanzamos en la identificación de los nuevos requisitos para acceder al descuento de la tarifa del peaje”, agregó Mendoza.
Finalmente, la Secretaría de Infraestructura departamental desestimó que la Gobernación vaya a gastar $4 mil millones en el nuevo contrato de administración del recaudo del peaje con la unión temporal.
A pesar de que la Gobernación ha dado varias explicaciones a la comunidad, la forma en que se ha venido manejando el recaudo desde la finalización de la concesión a Construvicol y las controversias en la adjudicación a los contratos han elevado la posición crítica y desconfianza de habitantes y empresarios de la región que, incluso, han advertido que podrían movilizarse para que se suspenda el cobro.
Hoy los automóviles particulares pagan $17.200 por cruzar el peaje de La Mesa, que se cobra en un solo sentido, hacia Bucaramanga.
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