La relación entre la Unión Sindical Obrera (USO) y el Gobierno de Gustavo Petro llegó a un punto de ruptura. El sindicato más influyente del sector petrolero anunció que se “aparta” de la política energética del presidente, a quien acusa de poner en riesgo la estabilidad de Ecopetrol y de la industria de los hidrocarburos en Colombia.
César Loza, presidente de la USO, fue contundente: las decisiones del Ejecutivo —entre ellas la intención de vender los activos de Ecopetrol en el Permian (EE. UU.), el cobro retroactivo de IVA impuesto por la Dian y la parálisis de licencias ambientales por parte de la Anla— podrían conducir a la petrolera estatal a una crisis sin precedentes.
“El Gobierno está tomando medidas que asfixian financieramente a Ecopetrol. Si se vende el Permian, se ejecutan los embargos y no se reactivan los proyectos frenados, la empresa podría quebrar”, afirmó Loza en entrevista con el diario EL TIEMPO.
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Según el sindicato, la Dian le exige a Reficar un pago retroactivo de 1,3 billones de pesos y a Ecopetrol otro que podría superar los 3,3 billones. Si los cobros se extienden a las importaciones de diésel, la cifra total alcanzaría los 20 billones de pesos. Un eventual embargo a Reficar —advierte Loza— paralizaría la refinería en menos de 15 días y dejaría sin trabajo a más de 4.600 empleados.
La USO también cuestiona el papel de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), a la que responsabiliza por la falta de permisos para proyectos estratégicos de gas natural y recobro mejorado. “Hay pozos que llevan tres años esperando licencias. Eso frena la producción y encarece la operación”, agregó.
Otro punto de discordia con el presidente Petro es la venta del campo Permian, una de las inversiones más rentables de Ecopetrol en Estados Unidos. Para la USO, desprenderse de ese activo sería “una decisión equivocada” que debilitaría las finanzas de la compañía y afectaría sus reservas de crudo.
“Solo el año pasado Ecopetrol aportó el 36 % de las exportaciones del país. No se puede desconocer el papel estratégico del petróleo en la economía nacional”, enfatizó Loza, al advertir que la transición energética debe construirse “con recursos de la industria, no destruyéndola”.
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La tensión política también se traslada al escenario electoral. De cara a las elecciones de 2026, el sindicato anunció que respaldará un candidato de centro-izquierda “que defienda la industria petrolera”, tomando distancia del Pacto Histórico. “Queremos un liderazgo más cercano al modelo de Lula da Silva, que entienda la importancia de la industria para financiar la política social”, sostuvo el dirigente.
Aunque la USO apoyó a Petro en 2022, hoy asegura que su respaldo no es un cheque en blanco. “Acompañamos sus banderas de justicia social y paz, pero no podemos convalidar políticas que pongan en jaque a Ecopetrol, la empresa más importante del país”, recalcó.
Loza hizo un llamado directo al Ejecutivo para “reconsiderar” decisiones que, según él, podrían desencadenar una crisis energética y económica. “Sin hidrocarburos no hay transición energética. Si Ecopetrol se debilita, se debilita el país”, concluyó.



