El puerto petrolero vuelve a ser escenario de memoria y exigencia. Este 27 y 28 de febrero, más de 500 víctimas del Magdalena Medio se reúnen en Barrancabermeja para participar en la primera audiencia de observaciones del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, una etapa decisiva en el proceso que podría abrir la puerta a la imputación de máximos responsables del Ejército y la Policía por crímenes cometidos en alianza con paramilitares.

La diligencia es liderada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga en este caso los delitos atribuidos a antiguos integrantes de la Fuerza Pública y otros agentes del Estado en asocio con estructuras paramilitares en cinco regiones del país, entre ellas el Magdalena Medio.

En total, 529 víctimas acreditadas presentarán, a través de sus voceros y representantes judiciales, observaciones a las versiones voluntarias entregadas por 35 comparecientes. Lo que está en juego no es menor: de esta etapa depende que la Sala de Reconocimiento avance hacia el Auto de Determinación de Hechos y Conductas, paso previo a la imputación formal de los máximos responsables.

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El subcaso ha priorizado la llamada “toma paramilitar de Barrancabermeja”, ocurrida entre 1998 y 2000, un periodo marcado por masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y persecución contra líderes sociales y sindicales. La investigación sostiene que la violencia no fue aislada, sino parte de un proceso de incursión y control armado en la ciudad y su área de influencia.

La Sala ha documentado más de 16 hechos representativos, incluidas las masacres del 16 de mayo de 1998 y del 28 de febrero de 1999, así como asesinatos selectivos y desapariciones de familiares que exigían justicia. Entre las víctimas hay sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes campesinos, estudiantes y habitantes de barrios populares.

En el expediente reposan 60 informes de organizaciones e instituciones, 33 sentencias de Justicia y Paz y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de miles de documentos oficiales revisados en inspecciones a unidades como la Quinta Brigada, el Batallón de Artillería de Defensa Aérea N.º 2, el Batallón de Inteligencia N.º 2 y el Batallón Contraguerrillas N.º 45, así como dependencias de la Policía.

La investigación también examina posibles responsabilidades por acción, omisión o aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública, e incluso la presunta participación de funcionarios vinculados a Ecopetrol en la estructura criminal que operó en la región.

En el marco del Caso 08, la JEP ha acreditado 2.219 víctimas individuales y 97 sujetos colectivos en los distintos territorios priorizados. En el Magdalena Medio, además de personas y organizaciones, fue reconocido como víctima el río Magdalena, por los impactos sociales y ambientales derivados de la violencia.

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Durante la audiencia, las víctimas podrán contrastar lo dicho por los comparecientes, aportar contexto y señalar vacíos en las versiones entregadas. Sus intervenciones serán determinantes para que la Sala valore si los relatos han sido completos, veraces y contribuyen efectivamente al esclarecimiento de la verdad.

Tras esta etapa, la Sala de Reconocimiento continuará la contrastación del acervo probatorio para definir los hechos más representativos y establecer quiénes serían los máximos responsables. Solo entonces se emitirá el auto que abriría la fase de imputaciones.

Para las víctimas, las exigencias siguen intactas: que no haya impunidad, que la verdad sea plena y que se esclarezca el paradero de los desaparecidos. En una región atravesada por masacres y ríos convertidos en testigos mudos, la audiencia en Barrancabermeja representa un nuevo capítulo en la larga lucha por justicia.