La intensificación del conflicto armado en el Catatumbo volvió a encender las alarmas en Norte de Santander y amenaza con afectar el normal desarrollo del proceso electoral en el departamento, en medio de una crisis humanitaria que sigue profundizándose en la región.
Así lo advirtió Jairo Oviedo, director de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Norte de Santander, quien alertó sobre el recrudecimiento de las acciones violentas entre grupos armados en municipios como Tibú y El Tarra, especialmente en corredores estratégicos como Tibú–La Gabarra y Tibú–El Tarra.
Según Oviedo, la situación contradice los anuncios oficiales sobre una supuesta tregua y obliga a prender las alertas frente a las garantías para el debate político y electoral. “Vemos con mucha preocupación el incremento del conflicto armado en el Catatumbo, lo que nos lleva a cuestionar las condiciones para el desarrollo del proceso electoral”, afirmó en declaraciones a Caracol Radio.
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El impacto del conflicto ya se siente en la vida cotidiana de las comunidades. En el municipio de Teorama, por ejemplo, fueron suspendidas las ferias y fiestas de inicio de año debido a los riesgos de seguridad, una medida que refleja el deterioro del orden público en la zona.
Oviedo advirtió que el aumento de la violencia ha provocado confinamientos, desplazamientos forzados y una alta condición de vulnerabilidad para cientos de familias campesinas. Aunque hasta ahora no se han reportado amenazas directas contra aspirantes al Congreso, varios partidos han expresado en los consejos de garantías electorales que no existen condiciones mínimas para realizar actividades proselitistas en el Catatumbo.
“Más allá de los anuncios de seguridad, es muy difícil pensar que haya confianza de la comunidad para salir a votar en medio de una crisis humanitaria que ya supera el año”, agregó el director de la MOE.
Desde la Misión de Observación Electoral reiteraron el llamado a las autoridades nacionales y departamentales para priorizar el restablecimiento del orden público, proteger a la población civil y garantizar las condiciones necesarias para que las elecciones puedan realizarse con normalidad.
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La emergencia humanitaria también mantiene en alerta a las autoridades de Ocaña. El Ministerio Público solicitó al alcalde del municipio preparar albergues ante la posible llegada masiva de personas desplazadas desde el Catatumbo, especialmente por los hechos violentos en el corregimiento de Filogringo, en El Tarra, y en Pachelí Antiguo.
El personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, confirmó que ya se registra un desplazamiento masivo hacia la cabecera municipal. “Han llegado alrededor de 100 núcleos familiares, lo que podría representar cerca de 200 personas desplazadas. Por eso solicitamos activar las rutas de prevención y protección de derechos de la población víctima del conflicto”, explicó.
Bohórquez advirtió que la escalada de violencia podría generar la salida de más familias en los próximos días, por lo que pidió disponer de albergues transitorios, alimentación, kits de aseo y atención integral para los afectados.
Las autoridades no descartan que durante la primera semana de 2026 continúe el arribo de familias desplazadas a Ocaña, mientras la situación de orden público en el Catatumbo sigue siendo crítica.
