Después de más de nueve meses con las talanqueras levantadas, las protestas que suspendieron el cobro en varios peajes de la vía Bucaramanga-Bogotá llegarán a su fin. Las comunidades e Invías alcanzaron un acuerdo que permitirá restablecer gradualmente el recaudo en las estaciones de Curití y Pescadero, marcando el cierre de uno de los conflictos viales más prolongados en Santander.
La manifestación comenzó el 6 de octubre de 2025, cuando transportadores, líderes sociales y habitantes de la región decidieron impedir el cobro en los peajes como mecanismo de presión para exigir que los recursos recaudados fueran invertidos en la modernización del corredor Zipaquirá–Santander–San Alberto, una promesa que, según denunciaban, permanecía incumplida.
El movimiento también reclamaba soluciones frente al deterioro de la carretera, la falta de mantenimiento, la ausencia de obras estructurales y los riesgos para quienes transitan por esta importante conexión entre el centro del país y la región Caribe.
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Durante los meses de protesta se realizaron múltiples mesas de concertación entre el Gobierno nacional, Invías, autoridades departamentales y voceros ciudadanos. Como resultado de esos encuentros, el Instituto Nacional de Vías aseguró haber ejecutado inversiones cercanas a los 63.000 millones de pesos en mantenimiento, atención de puntos críticos y recuperación de la infraestructura, además de mantener abiertos varios frentes de obra sobre la Troncal Central.
El primer avance se produjo en junio, cuando el peaje de Oiba reanudó operaciones tras un acuerdo con la comunidad. Sin embargo, Curití y Pescadero mantuvieron suspendido el recaudo mientras exigían evidencias del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional.
Uno de los principales proyectos que respaldan las comunidades es el convenio Vías de los Comuneros, firmado a finales de 2024 por las gobernaciones de Santander, Boyacá, Norte de Santander y Cesar, junto con el Ministerio de Transporte e Invías.
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La iniciativa contempla que durante los próximos 20 años los recursos generados por los peajes financien obras estratégicas como variantes, terceros carriles, rehabilitación de la vía y mantenimiento permanente, con inversiones que superarían los dos billones de pesos.
Además de las movilizaciones, durante este proceso también se impulsaron acciones judiciales y solicitudes de intervención para acelerar las inversiones en uno de los corredores más importantes del país. Las autoridades esperan llegar la próxima semana a un acuerdo con los manifestantes del peaje de Oiba, que se mantienen en protesta y no se ha llegado a una definición con ellos.
Con el restablecimiento del cobro, el Gobierno espera garantizar recursos para continuar las obras y atender las emergencias que afectan la carretera, mientras las comunidades anunciaron que mantendrán vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos pactados para asegurar que el recaudo se traduzca en mejoras reales para la vía Bucaramanga-Bogotá.
