Un detallado informe deberá enviar el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas, a la Procuraduría General de la Nación sobre el reciente caso de la estudiante de medicina que acabó con su vida, al parecer, por situaciones de violencia y maltrato que afectaron su salud mental y su bienestar, derivadas de un ambiente académico y laboral excesivamente exigente, durante el  periodo de residencia de la especialidad de cirugía en el Hospital San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana. 

El órgano de control le pidió al ministro Rojas los hallazgos y resultados que se obtengan de la visita a las instalaciones de la universidad, que fue anunciada por ese Ministerio, para verificar las condiciones de calidad de las y los residentes de los programas de salud, respuesta que debe incluir las acciones correctivas acordadas con las autoridades académicas y administrativas fruto de esta inspección y de las que se hayan realizado en los últimos tres años.

Así mismo, deberán ser remitidas en el mencionado informe, las particularidades sobre el número de quejas recibidas y tramitadas por posibles situaciones de acoso, maltrato, inequidad, jornadas laborales, turnos, incumplimiento de condiciones adecuadas de seguridad, protección y bienestar, etc, en el programa de residencias médicas de la Universidad Javeriana y en demás instituciones de educación superior que lo ofrezca.

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En el requerimiento, la Procuraduría pide también se incluyan las cifras de estudiantes que han abandonado el programa de residencias médicas en esta universidad y las demás instituciones de educación superior, refiriendo cuáles fueron las causas identificadas para tal situación.

Finalmente, la Procuraduría exhortó al ministro a emprender acciones de inspección y vigilancia, para prevenir cualquier situación de maltrato o violencia, insistiendo en que hechos como los ocurridos en esta institución, así como otros similares que se han expuesto recientemente, encienden las alarmas sobre la necesidad de implementar y fortalecer medidas para prevenir y gestionar la existencia de un entorno académico hostil.

El requerimiento de la Procuraduría se conoce en momentos en que los padres de un estudiante de medicina de la Universidad de Los Andes, Joan Sebastián Castellanos, aseguraron que su hijo se habría quitado la vida en septiembre del 2023 por el matoneo y presiones que recibía, según los papas, de compañeros de carrera y algunos profesores.

liva Romero, madre del estudiante, señaló en Revista Semana que su hijo trabajaba en un Call center para cubrir otros gastos que su beca no incluía, pues le había tocado aplazar varios semestres. Este habría sido uno de los elementos por los que algunos compañeros le hacían matoneo.