La situación del sistema de transporte masivo sigue siendo el más vergonzoso problema para el área metropolitana de Bucaramanga y las soluciones que han planteado sus responsables y gobernantes no han estado a la altura de la que se dice es la quinta ciudad del país, y terminan siempre en enredos jurídicos, despilfarro de recursos o hasta corrupción, y el ‘zombi’ llamado Metrolínea sigue conviviendo con los bumangueses.

Tras la frustrada liquidación del ente gestor y las polémicas por la destinación de millonarios recursos para alquilar buses que han estado rodando por la ciudad sin que se tenga claridad de su impacto real, en las últimas semanas ha causado mucho ruido un contrato por más de 12 mil millones de pesos para la reparación de siete estaciones y nueve vagones del sistema, que Metrolínea adjudicó a pesar del limbo en el que se encuentra.

El proceso, del que la opinión pública se enteró cuando ya había sido formalizado, comenzó a ser cuestionado por expertos y veedores, no solo por el alto presupuesto, por los líos de Metrolínea y por terminar con un único proponente, sino ahora también por los contratistas a quienes se les encargó la ejecución de este proyecto.

METROPOLITANO investigó quiénes están detrás del Consorcio Metrolínea 2026, extrañamente único oferente para este jugoso contrato, encontrando tres empresas con una estela de cuestionamientos, presuntas irregularidades y controversias en el mundo de la contratación que imprimen más suspicacias al proceso.

Sumado a lo anterior, todo apunta a que la interventoría del proyecto quedará en manos de empresas controladas por los mismos contratistas de la obra, lo que causaría un posible conflicto de intereses pues el interventor terminaría vigilándose así mismo.

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• Contexto:
• Sin superar la crisis Metrolínea revive con buses alquilados que ruedan en Bucaramanga
• Sindicato denuncia «abandono institucional» de Metrolínea y exige intervención urgente de entes de control
• Tribunal mantiene sanción al gerente de Metrolínea por abandono del portal PQP en Floridablanca

Un proceso flash con único oferente

Con la Resolución 177 del 12 de agosto de 2026, el gerente de Metrolínea, Emiro José Castro, dio apertura a una convocatoria pública para contratar las obras de adecuación, mejoramiento y rehabilitación de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, con un presupuesto que se acercó a los 12 mil millones de pesos.

Aunque los recursos fueron aportados en su totalidad por la Alcaldía de Bucaramanga el alcalde Cristian Portilla se ha referido al tema escuetamente, calificándolo como «muy importante».

En enero de este año Metrolínea había contratado, también por invitación privada, los estudios y diseños para la recuperación de las estaciones, por 430 millones de pesos, que ejecutó la firma Galev SAS en tiempo record, dos meses, a pesar del tamaño de la infraestructura del sistema.

El proceso para la remodelación de las estaciones fue ‘exprés’, se desarrollo en 25 días, un plazo corto para presentar propuestas y calificaciones subjetivas de ítems como programación y plan de calidad, lo que para expertos consultados por METROPOLITANO habría limitado la participación de oferentes, que conllevó a que cerrara con un solo interesado.

Pero otro embudo pudo ser el cronograma del proyecto: el 14 de agosto, solo dos días después de la apertura de la convocatoria, los interesados en el contrato podían realizar las visitas de campo y ese mismo día tenían el último plazo para presentar sus observaciones y pedir aclaraciones al pliego de condiciones.

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En ese mismo acelerado cronograma Metrolínea puso como fecha máxima el 21 de agosto para el cierre del proceso, es decir, solo dio nueve días después de la apertura para que los interesados pudieran preparar y presentar sus ofertas. Al cierre del proceso solo llegó la del Consorcio Metrolínea 2026, único interesado en ejecutar el millonario contrato.

Finalmente, el primero de septiembre Metrolínea adjudicó al único proponente la licitación M-IP-008-2026 que, además, obtuvo un puntaje perfecto de mil puntos sobre mil.

Para Jesús Rodrigo Fernández , expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros y consultor en contratación pública, son varios los factores que limitaron la pluralidad en el proceso licitatorio, que hizo que terminara con solo un oferente.

Para el experto fue un mínimo plazo para preparar una oferta. Además, la forma de pago sin anticipo y el plazo del contrato de 90 días hace que no se alcance a tramitar y recibir pago de las cuentas y, en consecuencia, le toca al contratista financiar la obra casi en su totalidad. Por otro lado, hubo calificaciones de programación y plan de calidad que resultan subjetivas.

«Todo eso es suficiente para espantar a los oferentes, y lo lograron. Que haya único proponente en una obra urbana no es casual, es que el mercado recibió el mensaje del pliego”, concluyó Fernández tras analizar el caso.

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¿Qué responde el gerente de Metrolínea?

Consultado por METROPOLITANO para este informe, Emiro Castro Meza, gerente del ente gestor Metrolínea, defendió el proceso y aseguró que tanto el contrato de obra como para la interventoría han sido gestionados de acuerdo a las normas que rigen la entidad a su cargo, que aunque recibe recursos del erario no actúa como una empresa pública convencional.

Justificó que la contratación de Metrolínea se rige por el régimen privado, no bajo la Ley 80, pero aseguró que el proceso, aunque fue por invitación, tuvo la publicidad correspondiente en la plataforma SECOP.

Sobre las críticas a los tiempos y condiciones de la convocatoria pública para las obras, insistió en que se desarrollo cumpliendo con el manual de contratación que está vigente en la entidad desde 2019.

“Tenemos un Manual de Contratación aprobado por la Junta Directiva en el año 2019 porque Metrolínea es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del régimen de las Sociedades Anónimas, eso implica modalidades distintas de contratación: abierta, privada y directa, y todo depende de la cuantía del contrato”, respondió el gerente.

Sobre la evidente nula presentación de ofertas, solo un proponente que terminó quedándose con el contrato de recuperación de las estaciones, el gerente señaló que existieron más de 40 interesados, pero que desconoce las razones por las que de ese universo solo uno haya enviado propuesta.

Un consorcio con empresas cuestionadas

A las críticas al proceso licitatorio M-IP-008-2026 se suma ahora el controvertido pasado de las tres empresas que integran el Consorcio Metrolínea 2026, envueltas en varias polémicas y señalamientos en Santander:

• Lewis SAS (40 % de participación).
• FZ Ingeniería SE SAS (30 % de participación).
• Armoning SAS (30 % de participación).

Lewis SAS fue constituida el 18 de febrero de 2021 por las empresas Galev SAS (la misma que hizo los estudios y diseños para el contrato) y Servicios y Mantenimiento del Oriente SAS, ambas estrechamente relacionadas con el contratista Wilson Cartagena Bustos, quien, de hecho, fue el primer representante legal de Lewis SAS.

Cartagena Bustos fue protagonista de un escándalo que el periódico Vanguardia denominó los ‘Deportistas fantasma’ del Indersantander en los Juegos Nacionales del 2016, durante el gobierno de Richard Aguilar, en el que se habrían pagado gastos de supuestos competidores que nunca participaron en las justas, entre otras irregularidades.

Por estos hechos, Cartagena enfrenta un juicio penal. El próximo 24 de septiembre será la audiencia del juicio oral a la que el contratista deberá comparecer por este escándalo.

Pero hay otro hilo conductor entre Lewis SAS y Cartagena Bustos. Según registros de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Galev SAS, (empresa accionista de Lewis SAS), fue constituida en julio de 2019 por Luz Mary Yaruro Gómez y el propio Wilson Cartagena, con un capital de 50 millones de pesos.

Aunque en los archivos mercantiles no se detalla la fecha en la que Yaruro y Cartagena vendieron su participación accionaria, el pasado 24 de julio, tres semanas antes de que Metrolínea diera apertura a la convocatoria para contratar la recuperación de las estaciones, se dio un movimiento bursátil llamativo de separación de varios accionistas en empresas relacionadas.

Leonardo Fabio Velásquez Ferreira, socio de Cartagena Bustos, accionista de la firma Servicios y Mantenimiento del Oriente SAS (la otra empresa propietaria de Lewis SAS) vendió sus acciones a Kelly Johana Acosta Pabón por 800 millones de pesos, quedando como única propietaria de la empresa. 

Servicios y Mantenimiento del Oriente SAS fue constituida en 2007 por los hermanos Leonardo Fabio, Jairo, Jhon Freddy e Isabel Velásquez Ferreira, siendo el primero el mayor accionista de la compañía con el 60 % de la participación accionaria.

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Lewis SAS y Galev SAS, fueron mencionadas en el presunto caso de corrupción que se conoció públicamente como el ‘Carrusel de contratos del Banco Inmobiliario de Floridablanca’, durante la administración del alcalde Miguel Ángel Moreno. 

La participación de estas empresas se dio a través del Consorcio LGJ BIF 2022, que suscribió el contrato para la construcción de espacios recreativos y deportivos en varios barrios de Floridablanca, que terminó con retrasos y denuncias de posibles sobrecostos. Un caso que involucró más de 4.600 millones de pesos de recursos de los florideños.

FZ y su relación con el ‘bachiller’

Dentro del Consorcio Metrolínea 2026 también aparece la firma barranqueña FZ Ingeniería SE, compañía estrechamente relacionada con el polémico megacontratista Jorge Argüello, conocido en la región como ‘El bachiller’.

FZ Ingeniería, propiedad de Fernando de Jesús Zúñiga Vásquez y Laura Cristina Prada Rivera, también fue contratista en el municipio de Floridablanca en el gobierno de Miguel Ángel Moreno. En esa época era un secreto a voces que Argüello tenía gran poder en Floridablanca e influía en la Secretaría de Infraestructura a través de Fernando Mier Martínez.

Uno de los primeros proyectos que gestionó Mier como secretario de Infraestructura fue la construcción del Parque de la Familia, con un presupuesto de casi diez mil millones de pesos, que terminó adjudicado a una unión temporal de empresas y socios de ‘Bachiller’.

Actualmente FZ Ingeniería tiene, entre otros contratos, la interventoría del proyecto de construcción del colegio Los Laureles, en Barrancabermeja, que es ejecutado por Argüello.

Armoning SAS

El Consorcio Metrolínea 2026 está integrado también por la empresa Armoning SAS, que tiene el 30 % de participación, propiedad de Sandra Inés Landazábal, y que al igual que Lewis SAS y FZ SAS ha tenido líos con contratos grandes en Santander.

Un reciente caso es el de una licitación para mantenimiento de la malla vial de Floridablanca, adjudicada a R&C Construcciones y Soluciones SAS, por más de 1.900 millones de pesos, que apenas un par de días después de su firma fue cedida a Armonign SAS.

Aunque el plazo de ejecución fue de 30 días (debía estar ejecutado el 31 de diciembre de 2025), la administración de Floridablanca ha tenido que hacer varias prórrogas y adiciones debido a las fallas en sus estudios y diseños. Hoy el contrato tiene ocho meses de retraso y ya cuesta 2.913 millones de pesos, mil millones más de su valor inicial.

El problema con la interventoría

Aunque el millonario proyecto de reconstrucción de las estaciones de Metrolínea, hoy denominado SITME, ya tiene contratista escogido en un proceso criticado, con único oferente, como se ha contado en este informe, no se ha podido dar inicio a su ejecución por diferentes líos que ha tenido la contratación de la interventoría.

La gerencia de Metrolínea impulsó el proceso de selección para adjudicar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato, con un presupuesto de 1.031 millones de pesos, optando por una contratación directa a favor del Consorcio Inter Estaciones Metrolínea, firma constituida por AGLV SAS (con 99 % de participación) y Edwin Ramiro Sierra Meza (con 1 %).

A pesar de que se había programado la firma e inicio del contrato para el 3 de septiembre, el proceso terminó siendo declarado desierto tras el incumplimiento del contratista en la entrega de requisitos jurídicos clave, entre ellos la certificación de cumplimiento SIPLAFT/SARLAFT y el formato oficial de conocimiento de la contraparte.

Lo anterior tiene en vilo el proyecto, pero al margen de la situación, METROPOLITANO revisó la conformación de las empresas del consorcio interventor encontrando claros nexos con las firmas que van a realizar las obras lo que, evidentemente, restaría independencia a la vigilancia.

AGLV SAS se constituyó el 11 de abril de 2021. Entre sus fundadores figuran Servicios y Mantenimientos del Oriente (empresa que posee el 30 % del Consorcio Metrolínea 2026, encargado de las obras) y la Corporación Orgullo Santandereano, representada por Wilson Cartagena Bustos.

En la trazabilidad queda en evidencia una maniobra para evadir el conflicto de intereses. Tres semanas antes de la licitación, el 24 de julio de 2026, Leonardo Fabio Velásquez Ferreira vendió la totalidad de sus acciones en Galev SAS a Kelly Johana Acosta Pabón por 800 millones de pesos, quien asumió como accionista única y, el 10 de agosto, como representante legal. No obstante, Velásquez continúa como representante legal del consorcio ejecutor al mantener el control accionario de Servicios y Mantenimientos del Oriente SAS.

Con este esquema Wilson Cartagena y Leonardo Fabio Velásquez no solo aseguraron el millonario contrato de obra sin competencia efectiva, sino que podrían quedarse con la interventoría.

Ante el fracaso del primer proceso, Metrolínea inició una segunda convocatoria directa (M-IPR-005-2026) dirigida a Proyectos de Ingeniería Civil e Industrial de Colombia SAS. La firma es propiedad de Milena García Quintero, esposa de Pedro Mauricio Beltrán Dulcey, salpicado en varios escándalos de corrupción durante el gobierno de Richard Aguilar.

La compañía —originariamente denominada Procinco SAS— fue fundada el 27 de septiembre de 2011 por Beltrán Dulcey y Julián Libardo Jaramillo Díaz (condenado por las irregularidades en las obras del estadio Alfonso López) con un capital inicial de 20 millones de pesos.

Poco después, el 29 de noviembre de 2011, Jaramillo Díaz cedió sus 10 mil acciones a Orfa Milena García Quintero. Según las declaraciones juramentadas del RUES en 2024 y 2026, García Quintero figura como la única accionista y representante legal de la empresa.

Este segundo intento también fue declarado desierto el pasado viernes 4 de septiembre, luego de que Proyectos de Ingeniería Civil e Industrial de Colombia SAS omitiera presentar el Registro Único de Proponentes, la garantía de seriedad de la propuesta y su soporte de pago.

Proyectos de Ingeniería Civil e Industrial de Colombia SAS está mencionada en los líos de las fallidas obras de remodelación del Colegio Tecnológico de Bucaramanga, que se debieron ejecutar con el millonario empréstito del exalcalde Juan Carlos Cárdenas y todavía están en veremos.

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Respecto de la fallida contratación de la interventoría, METROPOLITANO consultó al gerente de Metrolínea quien anunció que la próxima semana la entidad tomará una decisión con base jurídica sobre este tema.

Todo este panorama indica que a pesar de la decisión de la Alcaldía de Bucaramanga de invertir más de 13 mil millones de pesos para recuperar las estaciones vandalizadas, la solución integral a la crisis del sistema de transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga no se ve cerca.

Aún persisten las divisiones políticas entre las administraciones de los cuatro municipios conurbados, Floridablanca, Girón y Piedecuesta no se integran en el Área Metropolitana de Bucaramanga y le dieron la espalda al sistema. Mientras esta situación persista inyecciones millonarias como la que se está haciendo pueden resultar en solo paliativos para un problema que necesita una intervención de fondo.

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