Un reciente documento de advertencia de la Defensoría del Pueblo revela que 22 de los 32 departamentos del país presentan una delicada situación relacionada con la disposición final de residuos sólidos, toda vez que a los rellenos sanitarios les queda poca vida útil y en algunos municipios la actividad de disposición se realiza en botaderos a cielo abierto, lo cual deriva en una grave problemática medioambiental generadora de afectaciones a las comunidades circundantes, como lo ha venido advirtiendo desde el 2022.

El ‘Documento de advertencia sobre rellenos sanitarios y sitios no autorizados 2024’ examina la situación sobre la gestión de residuos sólidos, basándose en cifras reportadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la vigencia 2022.

En el informe defensorial la institución presenta una visión general sobre el agotamiento de vida útil de los sitios de disposición final autorizados, situación especialmente crítica en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Arauca, Valle del Cauca y Vichada.

En el caso de Norte de Santander, la Defensoría asegura que a corte de diciembre de 2022, al vertedero de El Guayabal -que sirve a Cúcuta y otros 20 municipios- le quedaba una expectativa de vida útil de 2,72 años; mientras que el de La Cortada -en Pamplona- no pasaría de 1,67. 

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Pero los encargados de los vertederos manejan otros tiempos. Mientras los responsables de La Cortada aseguran que la vida útil del lugar es de 4,6 años, los de El Guayabal le aseguraron al diario La Opinión que la expectativa de vida de este parque es de 15 años.

“De acuerdo con un estudio de la Superintendencia de Servicios Públicos y según nuestra operación, tenemos capacidad hasta 2039”, afirmó Gilberto Posada, gerente de la empresa que maneja el lugar. 

¿Y El Carrasco?

De los 262 sitios de disposición final en Colombia, 24 tienen vida útil vencida; 46, una vida útil de 0 a 3 años, y 22, una vida útil de 3 a 5 años, según el análisis de la Defensoría.

El documento también da cuenta de la existencia de 79 botaderos a cielo abierto, los cuales representan una forma insegura de gestionar los residuos sólidos, pues carecen de medidas adecuadas de control y manejo ambiental, lo que puede repercutir en la contaminación del suelo, agua y aire. Por ende, representan un riesgo para la salud de las comunidades.

Tal situación es crítica en Chocó y Bolívar. En el primero se han reportado 25 botaderos (aproximadamente, el 31.65% del total) y en el segundo se han identificado 17 sitios (equivalentes al 21.52% del total registrado).

Nariño, entre tanto, registra 7 botaderos a cielo abierto; Magdalena y Cauca, 5 cada uno; Sucre, Putumayo y Meta, 3 botaderos cada uno; Vaupés y Antioquia, 2 cada uno, y Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, La Guajira, Santander y Tolima, uno cada uno.

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En el caso de Santander el sitio en mención es el relleno sanitario El Carrasco, que operado desde Bucaramanga, y situado en Girón, maneja los residuos sólidos de 17 municipios. Aunque un fallo judicial ordenó en el 2013 el cierre del lugar, el sitio se ha seguido usando gracias a las emergencias sanitarias generadas por los últimos alcaldes.

Ínfimo aprovechamiento de residuos sólidos

Adicionalmente, dice el informe, en los sitios de disposición de los Santanderes y las otras regiones del país mencionadas hay pocos avances en materia de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.

 De acuerdo con datos reportados en el último informe sectorial de aprovechamiento publicado por la Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios, que son analizados en el documento defensorial, se evidencia que de los 232 operadores que registran, el 78.02% de los municipios tiene una tasa de aprovechamiento de entre el 0 y el 10%, el 16.38% de los municipios reporta una tasa de entre el 10 y el 20% y el 4.31%, de entre el 20 y el 30%.

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La Defensoría del Pueblo, en consecuencia, le hizo un llamado a los ministerios de Vivienda y Ambiente, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a las corporaciones autónomas regionales, alcaldías y gobernaciones para que trabajen de manera articulada y formulen planes concretos con acciones urgentes, necesarios para abordar eficientemente la gestión de residuos sólidos.

Finalmente, el estudio concluye que las acciones urgentes deben ser incluidas en la agenda departamental y nacional, «porque el actual escenario podría llevar al país en el corto plazo a una emergencia ambiental y sanitaria«.